Nuestro país se rompe económicamente

y, también, sanitariamente

| 2011-03-04T16:32:00+01:00 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Extremadura y, ahora, Murcia. Mientras el Ministerio de Sanidad pierde el tiempo con medidas mediáticas y ridículas, como la unidosis, que no reportará ahorro alguno al sistema, o como la Orden de Precios de Referencia, que establece techos máximos tomando como base medicamentos que ni siquiera están comercializados, ignorando lo prescrito por la Audiencia Nacional, el sistema se parcela en minifundios y prosigue su carrera para arañar unos euros para sus arcas públicas a costa del sector. Mientras los principales representantes médicos se agrupan en foros, subforos, plataformas y entelequias varias de nulo recorrido práctico, las autonomías cercenan su capacidad de prescripción hasta límites insospechados hace apenas dos años. Como la cosa siga igual, celadores, pinches y auxiliares gozarán dentro de poco de más poder que ellos en el entramado de los centros, como empiezan a tenerlo ya las enfermeras.

España se rompe económicamente y, también, sanitariamente. Instalado en una realidad paralela como la de Matrix, el ministerio se empeña en caminar con la mirada al suelo e ignorar lo que sucede ante sus propios ojos, con el fin de ganar tiempo y no herir susceptibilidades, no vaya a ser que se estropee la carrera política de Leire Pajín. Fruto de esta visión valleinclanesca de la sanidad son leyes tan mediáticas como estériles para el sector como la de Salud Pública o la de la muerte digna, o tan esperpénticas como la de igualdad de trato. Inaudito y ridículo que un departamento vuelque ahora sus esfuerzos en tales menesteres con la que está cayendo en el país. Es como mirar en los espejos cóncavos del callejón del gato.

Pero más inaudito es el sesgo político que Sanidad imprime a sus escasas actuaciones en pro de cortar las alas a los territorios díscolos. Si el protagonista de la afrenta es un feudo del PP, el ministerio corre raudo y presto a poner la maquinaria jurídica en marcha para que el consejero o presidente autonómico de turno no se le desmande. Es el caso de Galicia. Si el territorio está gobernado por el PSOE, el despliegue es más lento, timorato o inexistente. Es el caso de Andalucía. Sacudida por el escándalo de los ERE y una política nefasta que lastra toda posibilidad de progreso de sus habitantes, María Jesús Montero hace y deshace a su antojo y se permite el lujo de utilizar eufemismos como denominar ‘negociación’ a la vergonzosa presión que el director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) somete a los farmacéuticos, en aras de imponerles la subasta de medicamentos. ¿Por qué no alza la voz el ministerio contra tal medida, como ha hecho con Galicia? ¿No entiende acaso que dicha licitación rompe la equidad y la cohesión en el SNS, como ocurre con el cataloguiño de Pilar Farjas y Alberto Núñez Feijóo? ¿Son tolerables tales actuaciones con los boticarios? El ministerio emplea dos varas de medir mientras la política farmacéutica estalla, contando a su favor con el silencio cómplice de unos representantes médicos que, lejos de alzar la voz, prefieren instalarse en la foto fácil y en el compadreo.

Preguntas sin respuesta

¿Por qué mantiene CiU una prestación accesoria como la de la píldora abortiva RU-486 en los ambulatorios, mientras se queja amargamente de su falta de fondos para costear la sanidad? ¿A qué espera el ministerio para fomentar un debate sobre las prestaciones?

¿En cuántas autonomías habría subido el gasto farmacéutico en 2010 si los productos dietoterápicos volvieran a contabilizarse dentro de la factura de primaria?

¿Qué ilustre farmacéutico ha renunciado a las cadenas de farmacias?

¿En qué provincia andaluza se han prodigado las agrupaciones de compras de farmacia que revenden luego los medicamentos a algunos distribuidores?