Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Sacar a la sanidad del estado de bancarrota en el que se encuentra es responsabilidad de todos: laboratorios, distribuidores, farmacéuticos, proveedores, fabricantes de tecnología, profesionales… Y también del Estado y de las administraciones sanitarias. Porque, puestos a cuadrar el círculo de los desarreglos financieros, hay que partir primero de dos premisas fundamentales. Por un lado, los fondos que España destina a la sanidad en su presupuesto son casi un punto inferiores a los que dedican a dicha área otros países europeos. Con ese diferencial, desde luego, no podrá mantenerse en el tiempo el milagro de los panes y los peces que es hoy el Sistema Nacional de Salud (SNS), por muchos ajustes que se practiquen. En segundo lugar, las administraciones sanitarias han de detectar, reconocer, analizar y corregir todas las bolsas de ineficiencia o de derroche que se producen en su entorno, pues de lo contrario, apenas servirían para algo los nuevos sacrificios exigibles a los agentes del sector.
La lista de bolsa de ineficiencias que Sanidad y comunidades autónomas deben pulir para lograr el reequilibrio financiero y salvar al SNS del hundimiento son innumerables. Conviene, por ejemplo, poner el contador a cero y subsanar el déficit histórico que lastra el sistema. Aunque las estimaciones son abundantes, existe coincidencia generalizada en que 11.000 millones de euros sería la cifra idónea para hacerlo: sólo 2.000 millones menos que los dos criticados Planes E que el Gobierno ha desplegado contra la crisis económica. Después, las consejerías pueden actuar en varias direcciones: con el pronto pago a los proveedores, se evitarían unos intereses de demora que pesan como una losa sobre sus presupuestos; con el control de los trabajadores y la detección de fraudes el capítulo I quedaría también contenido. Un caso paradigmático en este sentido es el de las bajas laborales por incapacidad temporal (IT), no sólo ya de los pacientes, sino también de los profesionales del sector. En Madrid, el coste para las arcas públicas sólo por dicho concepto equivale a 207 millones de euros anuales. Si en lugar de 21 días al año de baja en concepto de IT que tiene de media cada uno de los 80.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, la baja fuera de 19 días, la Administración se ahorraría más de 21 millones de euros. El margen de ahorro es más que posible.
Sucede otro tanto con las hiperfrecuentaciones de los servicios públicos de salud. No es de recibo que haya pacientes que acudan más de cien veces al año a los centros de salud sin razones médicas que lo justifiquen. A día de hoy, el sistema carece de medios disuasorios para evitar el uso desmesurado e irracional de los servicios sanitarios, por lo que necesariamente ha de surgir el debate sobre la implantación de esos medios u otros distintos que penalicen el uso irracional. Y cabe también, en fin, un mayor control en parcelas como la farmacia hospitalaria o las pruebas médicas. La sustitución de médicos veteranos por residentes en las urgencias está propiciando una petición clínicamente innecesaria de medios diagnósticos cuyo gasto no está ni siquiera cuantificado.
Preguntas sin respuesta
¿Qué dos personas se encontraron con el senador del PP Jesús Aguirre y con Juan José Rodríguez Sendín en un bar de la estación de Atocha, en pleno debate sobre la prescripción enfermera?
¿Sopesa María Jesús Montero utilizar la prescripción enfermera para lanzar nuevos ataques a las marcas y apostar por los principios activos?
¿Es lícito que un farmacéutico, sanitario pero a la vez empresario, tenga capacidad para prescribir medicamentos?
¿Qué centro de salud de Madrid sufrió un robo de vacunas para gripe A?
¿Qué comunidad pagó 9.000 euros para que un médico trabajase en las urgencias de uno de sus hospitales?
