Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Puede que el gasto al final sea pequeño. Que no constituya más que el chocolate del loro, como lo es también la grotesca multiplicación por diecisiete de todo el aparato burocrático sanitario, con su abultada nómina de directores y subdirectores generales, secretarios generales y subsecretarios, asesores y postulantes, chóferes y bedeles. Sin embargo, no deja por ello de ser sangrante, escandaloso y perfectamente descriptivo del papel que está jugando el Ministerio de Sanidad en esta crisis, bajo la mirada abotargada de unos consejeros que están a por uvas mientras el sistema se derrumba bajo sus propios pies. Pues sí. Ni corta ni perezosa, y en plena bancarrota, con los indicadores macroeconómicos por los suelos, con el fondo de reserva de las pensiones a punto de agotarse, con casi cinco millones reales de parados registrados en las estadísticas oficiales adulteradas, y con el aliento de Europa y de los especuladores en el cuello de España, Leire Pajín ha tenido la ocurrencia de financiar con dinero público, el de todos, tres fármacos anticonceptivos bajo el formato de comprimidos e implantes subcutáneos.
Alega Sanidad que el objetivo es mejorar la salud sexual de la población española y reducir el número de abortos en nuestro país. En paralelo, oculta o manipula las cifras sobre interrupciones voluntarias del embarazo, y silencia la información en poder del propio Instituto de Salud Carlos III sobre la expansión de las enfermedades venéreas en todo el territorio. Baste decir, a tenor de los datos oficiales, que sífilis, gonorreas y otros trastornos similares se han disparado en nuestro país, coincidiendo con la aprobación por parte del PP y posterior liberalización, ya con el PSOE, de la píldora del día después. Se trata de un ejemplo más de los resultados en Salud Pública que provocan las políticas de un Gobierno más que agotado. La financiación de estos productos con dinero de todos coincide, además, con el asalto que están protagonizando contra los agentes del sector la mayor parte de las autoridades sanitarias españolas. Mientras Andalucía insiste en su extorsión a farmacéuticos, Galicia con su tijeretazo a los fármacos innovadores y Castilla-La Mancha con sus injerencias enmascaradas en la libre prescripción de los médicos, Pajín dispara una vez más con pólvora ajena y mete en el sistema nuevas prestaciones superfluas con el ánimo de atrapar un puñado de votos de la progresía más recalcitrante.
Lo incomprensible no es, sin embargo, el rol que está jugando el ministerio. Nos tiene acostumbrados a esto y a cosas mucho peores. Lo inquietante, lo verdaderamente triste y lo más sonrojante, es el triste papel de las comunidades autónomas, que permanecen sordas ante los fogonazos de la barra libre de anticonceptivos decretada por Pajín mientras les hurtan prestaciones a escondidas a sus ciudadanos, ralentizan las obras de sus centros sanitarios, y abocan al paro con sus retrasos en los pagos a miles de pequeños proveedores carentes de liquidez para mantener su actividad. Así le va a la pobre Sanidad española. José Saramago debió inspirarse en ella en su ensayo sobre la ceguera.
Preguntas sin respuesta
¿Qué dos ‘dircom’ de la industria, antaño amigos, no dudan hoy en criticarse el uno al otro sin piedad?
¿Qué recluta un conocido personaje sanitario en un piso-patera de Leganés?
¿Para qué ha creado José Manuel Bajo Arenas una fundación ligada a Facme? ¿Trabajará en ella Antonio Pedroche? ¿Contó con las sociedades científicas para crear la fundación?
¿Qué gerente del área del corazón de un hospital público madrileño fue cesado antes de Semana Santa, después de que trascendiera que ingresaba 60.000 euros mensuales? ¿Cómo obtenía tal cantidad de dinero?
