Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Estaba cantado. Primero fueron la negligencia y la desidia en el manejo de las cuentas públicas y de la política económica. Después, la bancarrota. A resultas de ambas, llegaron hace meses los primeros y obligados recortes, y a la vuelta de las elecciones, nadie lo dude, cundirán las protestas, salvo que ganara de nuevo el PSOE, en cuyo caso estas se reorientarían oportunamente hacia los feudos del PP, como sucede ahora con la huelga manipulada en materia de enseñanza en la Comunidad de Madrid. El futuro, como vemos, está escrito. Después de ocho años, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no ha dado pie con bola en casi ninguna área, pero ha actuado una vez más con maestría a la hora de copar posiciones en las conocidas en derecho político como organizaciones intermedias, con el objetivo de sembrar desde ellas la agitación y propaganda ante la posible llegada de un ejecutivo popular. El proceso en Sanidad viene de largo, y empieza ya de forma clara a materializarse. Sindicatos, sociedades científicas, organizaciones médicas, colegios, entidades aparentemente asépticas… Al que se negaba a actuar de forma dócil, y se resistía a hacerle genuflexiones al ministro de turno, o a lanzar de vez en cuando alguna diatriba contra Esperanza Aguirre, se le purgaba o se le trataba al menos de sumir en la espiral del silencio. Ejemplos de ello hay varios.
El resultado es que los mismos que antes callaban sumisos ante el desmadre padre que ha sido y sigue siendo el Ministerio de Sanidad, ante el recorte draconiano de salarios de los profesionales o ante las limitaciones a la prescripción en las comunidades socialistas, son los mismos que hoy llaman a la rebelión cívica por el supuesto daño a la asistencia, y defienden la ética de las protestas y hasta la insumisión. Los mismos que antaño callaron o jalearon leyes absurdas mientras la Sanidad empezaba a desangrarse víctima de la estulticia de las autoridades centrales y autonómicas, son hoy los que se desgañitan contra los recortes en Cataluña, los ahorros en Madrid o los impagos heredados de Castilla-La Mancha. Nada dijeron, por cierto, del despilfarro sanitario de Marina Geli, ni del absurdo de crear hospitales de nuevo rico en Oviedo o Toledo. También callaron genuflexos ante la dispensación sin receta de la píldora o aplaudieron la ley del aborto. Hoy, aspiran no ya a subvenciones, pues el chollo se les ha acabado, sino a puestos de diputado en el Congreso o incluso a ser consejeros cuando se ejecute la cacareada renovación interna en el PSOE tras la debacle en las urnas.
¿Por qué no alertaron antes de la ruina que se venía encima por culpa de la pésima gestión económica y sanitaria del Gobierno? ¿Por qué no se hacían eco de los datos que iban filtrándose sobre retrasos en los pagos? ¿Por qué no piaban ante la eliminación de fármacos del catálogo público en algunas comunidades o contra los obstáculos a las recetas de marcas comerciales? Por la sencilla razón de que el partido imponía el silencio. Como hoy pide todo lo contrario, pronto se les podrá ver retratados detrás de las pancartas.
¿Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid desea que le llegue una llamada de Génova para ocupar un puesto equivalente en el ministerio en caso de una victoria del PP en las urnas? ¿Por qué?
¿Quién tiene previsto proporcionarle en breve a José Ignacio Echániz información sobre la irregularidad que viene produciéndose desde hace años en el centro de salud de Noblejas?
¿Cobró la OMC los 300.000 euros que le prometió Elena Salgado por la elaboración de un registro de médicos en España? ¿Por qué no está hecho aún este registro? ¿Dónde fue a parar ese dinero público?
¿Qué patronal envía a sus asociados datos exhaustivos sobre las autoridades autonómicas con las que conviene volcarse para hacer lobby?
