carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 14 de febrero de 2014 h |

Se denomina ‘tierra de nadie’ a todo terreno desocupado o disputado debido a la incapacidad de controlarlo efectivamente. Desde este punto de vista, y pese a seguir formando parte de la agenda parlamentaria, el copago farmacéutico hospitalario parece haber llegado a este territorio. Lo que ahora está sobre la mesa es la pregunta de a quién le corresponde asegurar su aplicación homogénea. Y la respuesta no es fácil. El órgano básico de cohesión es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la dispar respuesta de las comunidades ante este copago y su difícil encuadre (por no decir imposible) remite al Ministerio. Lejos de tomar cartas en el asunto, el departamento que dirige Ana Mato sigue diluyendo su responsabilidad sobre la aplicación homogénea de la Resolución del 10 de septiembre de la dirección general de Cartera Básica del SNS y Farmacia.

Para empezar, Sanidad no ha desvelado qué tiene pensado hacer en caso de que las comunidades autónomas sigan el camino actual y pospongan indefinidamente (bien por motivos técnicos, bien por oponerse a hacerlo hasta que haya un consenso general) la aplicación del copago farmacéutico hospitalario, que tenía que haber entrado en vigor en enero. Asimismo, y a pesar de haber reiterado en las últimas semanas que “todas las comunidades autónomas” aplicarán la Resolución, el departamento de Mato tampoco da pistas sobre cómo piensa actuar en el caso de Andalucía, País Vasco, Asturias o Canarias, las comunidades que se mantienen en sus trece y que insisten en no ponerlo en marcha. Por sí solas, las regiones han entrado en un círculo vicioso, puesto que si las ‘rebeldes’ no aplican el copago, es muy complicado que lo pongan en marcha aquellas que ponen como requisito el hacerlo en condiciones de igualdad con el resto.

Pero no son estas las únicas dudas que siguen existiendo sobre el supuesto factor de ‘homogeneización’ que se supone debe traer la aplicación del copago farmacéutico hospitalario. Las diferencias dividen a las comunidades, no solo entre aquellas que aplicarán la Resolución y las que no; sino también en aquellas que optarán por hacerlo de una determinada manera: trasladando la carga a los pacientes, o no; buscando compensaciones, o no; realizando estudios previos de impacto, o no…

Preguntado sobre todas estas cuestiones, el Ministerio de Sanidad remite a una misma respuesta; “La responsabilidad de aplicar esta norma, como todas las que afectan a la gestión de la sanidad, es de las comunidades autónomas. Son ellas las que tendrán que dar las explicaciones correspondientes”. Sí se refiere Sanidad, sin embargo, a la vía abierta por Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid de no cobrar a los usuarios y cargar las cuantías del copago a las arcas públicas como una posibilidad a explorar. “Eso sí, pueden hacerlo de la manera que consideren más oportuna, también en el ámbito de sus competencias de servicios sociales”, continúan las fuentes del ministerio.

El visto bueno del ministerio a esta vía arroja pistas sobre el resultado de las negociaciones que han abierto algunas comunidades para estudiar fórmulas que permitan que los pacientes no tengan que hacer frente a los gastos. El camino abierto por los gobiernos de María Dolores de Cospedal, José Antonio Monago e Ignacio González, y al que se ha sumado en última instancia el de Juan Vicente Herrera tiene que solventar una cuestión importante: al tratarse de un copago estatal, no parece posible afrontarlo como una ‘prestación propia’.

Sobre este particular, cabe destacar que el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha reconocido que todos los que comparten el planteamiento de no trasladar nuevas cargas a los usuarios barajan fórmulas “muy diversas”. Castilla y León, por ejemplo, ha descartado la propuesta por UPyD para que fuera objeto de deducción en el tramo autonómico del IRPF, ya que excluiría a las personas que no hacen la declaración y tardaría un año en llegar a los beneficiarios.

Otras soluciones contemplan la posibilidad de reintegrar gastos (una opción que también cuenta con detractores) o de subvencionar por las mismas cuantías a las personas que hacen las aportaciones.

“Ordenar la farmacia hospitalaria”

La última pieza del puzle que el copago hospitalario supone para el ministerio pasa por su propia justificación. Interpelada en el Senado en torno a la evaluación de los copagos y sus perspectivas de futuro, Mato insiste en que la función de este copago va más allá de los dos efectos —disuasorio y recaudatorio— que se vinculan a él. “Es verdad que hemos pedido un esfuerzo a las comunidades. Y es verdad —añadió Mato— que no es una medida recaudatoria. No van a recaudar, pero sí a ordenar la farmacia hospitalaria, porque tenemos que bajar el gasto que tiene, porque tenemos que reordenar el gasto de la farmacia hospitalaria”.

Lo cierto es que, de aplicarse sin trasladar su impacto a los usuarios, el copago podrá reordenar el gasto hospitalario en aquellos fármacos que antes se dispensaban en farmacias, pero pasará a ser una carga económica más de las administraciones públicas para las comunidades que vienen defendiendo que no servirá para recaudar ni para disuadir. Más, si cabe, si como temen los sindicatos, la desindexación del IPC de los topes de las aportaciones por copago hace que los precios de los servicios desindexados termine siendo superior a la subida del IPC.

Previsiblemente, la actualización anual de la aportación máxima para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida se verá afectada por la futura Ley de Desindexación. Así lo ha explicado el Gobierno a preguntas de la diputada socialista Trinidad Jiménez. De ser así, las actualizaciones de los topes, como los establecidos para los fármacos de aportación reducida, se desindexarán del IPC. Las actualizaciones que se realicen podrían, por tanto, subir más o menos que el IPC o con una periodicidad distinta a la anual.

Al igual que las aportaciones reducidas, también podrían verse afectadas por la desindexación los límites para el copago de pensionistas. Lo que no se verá afectado será la aportación general de los usuarios ya que, según el Gobierno “esta aportación no está indexada, sino que es un porcentaje del PVP del medicamento, y este porcentaje depende a su vez de la renta y situación personal del usuario”.