Desde que llegó al cargo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha reivindicado su deseo de una legislatura tranquila, con muchos consensos. Pero la crisis económica que amenaza de manera especial el futuro del Estado de Bienestar plantea serios problemas para lograr ese objetivo, a pesar de la coincidencia general en la necesidad de alcanzar un pacto socio-sanitario. La semana pasada había todavía muchas para las que el ministerio seguía sin dar una respuesta clara, atenazado entre los movimientos del PP en Cataluña y las necesidades del partido ante las inminentes elecciones andaluzas. El mayor interrogante sigue siendo el copago.
“La Ley de Medidas Fiscales y Financieras ha fijado una tasa de naturaleza administrativa y, por supuesto, yo respeto las competencias de los ámbitos de decisión de las comunidades, en este caso el de la Generalitat de Cataluña. Sí le diré que el PP ha propuesta la excepcionalidad de una pensión para las personas que reciben pensión no contributiva y los beneficiarios de la renta mínima de reinserción”, respondió la ministra a Roberto Lertxundi, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, durante su primera comparecencia en la Cámara Alta.
Sin embargo, lo que el portavoz socialista le había preguntado iba más allá: “¿Está usted de acuerdo con lo que ha hecho su partido en Cataluña con el euro por receta? ¿Sí? ¿No? ¿Va a extenderlo o no?”. Para ninguna de estas preguntas hubo una respuesta clara, como tampoco hubo mención a la petición lanzada por la portavoz de Sanidad de Entesa Catalana de Progres, Mónica Almiñana, que solicitó al PP revisar su abstención en Cataluña. “En estos momentos el sistema ya no es equitativo para los ciudadanos catalanes, ya somos distintos al resto de los españoles: nos van a costar más las medicinas”, señaló.
No es el único problema al que el Ministerio de Sanidad se enfrenta de cara a alcanzar un Pacto sanitario y, sobre todo, la firma de su máxima expresión: la Ley de Servicios Básicos. Los grupos catalanes y el vasco están de acuerdo en definir una cartera básica, pero no quieren que sea un corsé, sino una ventaja para las comunidades que quieran y puedan hacer algo más.
Este gran objetivo del ministerio choca de frente de nuevo con la realidad impuesta por la crisis económica. El hecho de que la Administración central se haya autoimpuesto un déficit del 3,5 por ciento para 2012, consciente de su incapacidad real de ajustar los gastos por debajo de esa cifra, mientras que se ha trasladado a las comunidades autónomas la obligación de bajar hasta el 1,5 por ciento tendrá sus contrapartidas. Así lo señaló la portavoz de Sanidad de CiU, Coralí Cunyat: “No le extrañará que parte de nuestro trabajo como grupo en la oposición será no solamente reclamar que nos hagan las aportaciones económicas comprometidas para el desarrollo de las políticas vinculadas a su ministerio, sino asegurar que todas las leyes que ustedes propongan —y por supuesto una de ellas será la Ley de Servicios Básicos que saldrá de los pactos que podamos alcanzar— tengan asegurado un correcto sistema de financiación para su adecuada implantación”.
El futuro de la píldora
Más allá de los límites rojos impuestos por los grupos de la oposición, el estreno de Mato en el Senado deparó dos novedades para el sector farmacéutica. Una, sobre el futuro de la píldora del día después (PDD). El ministerio ya tiene en sus manos los tres informes, que según Mato no son “ni concluyentes, ni coincidentes”. La decisión dependerá, por tanto, de la ministra, que trasladará este asunto al consejo asesor de Sanidad, organismo que aún está pendiente de creación.
Aún así, la ministra aseguró que la decisión no se tomará por cuestiones ideológicas, sino basada en aspectos relacionados con medicamentos. La información de la que el ministerio dispone en estos momentos es que la PDD requiere prescripción para menores en países como Reino Unido, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Croacia, Polonia, Hungría, Italia, Alemania o Grecia.
Asimismo, Mato anunció su intención de impulsar “la generación de conocimiento de medicamentos relevantes para el SNS de carácter complementario” al que generan la industria farmacéutica, en especial los estudios comparativos en condiciones reales de uso.
