c. r. / a. c.
Madrid
La de olanzapina (ver EG nº 400) no es la única situación atípica que planteaba la orden ministerial de precios de referencia de 2007 y que ha tenido que ser ‘justificada’ en el borrador de la nueva orden. La disposición adicional quinta de este texto hace aplicable el anejo 5 (el de precios menores) desde el 1 de enero, ignorando el periodo bimestral de convivencia de precios. En la práctica esta decisión “legaliza”, tal y como han asegurado a este periódico fuentes del sector, el adelanto, un mes antes que en el resto de España, de la aplicación de los precios menores que el año pasado tuvo lugar en la comunidad autónoma andaluza.
La decisión adoptada por la Dirección General de Farmacia de que los precios menores correspondientes a las distintas presentaciones de medicamentos sean “los que se relacionan en el Nomenclátor oficial de productos farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud aplicable el día 1 de enero de 2009” viene a apoyar la interpretación que en su momento hizo el Servicio Andaluz de Salud de la orden de precios: que el periodo de convivencia no afectaba al anejo 5, el que rige para dispensar las recetas prescritas por principio activo.
Más allá, otra consecuencia de esta iniciativa será la generalización de las críticas que entonces se oyeron en Andalucía. Ninguna de las autonomías que fomentan la prescripción por DCI se sumó al adelanto de los precios menores, que puso a la profesión andaluza en pie de guerra ante lo que creían un perjuicio económico y un agravio comparativo. Con la nueva redacción, la comparación desaparece, aunque el agravio se generaliza a todas las farmacias.
Aun así, poco se sabe aún de las alegaciones del sector, a excepción de FEFE, que la semana pasada expuso sus líneas generales. Y precisamente una de las conclusiones a las que llegó la patronal de oficinas de farmacia, según su presidenta, Isabel Vallejo, es que “el Gobierno está respaldando las políticas de principio activo”.
Éste no sería el único impacto para las farmacias, pues la orden no tiene en cuenta el mercado privado ni las mutuas (Muface, Isfas y Mujeju). Es por ello que FEFE cree que el impacto de 380 millones del que habla Sanidad “está posiblemente subestimado”.
Por otro lado, para FEFE es un borrador que “no corrige defectos anteriores” (en referencia, por ejemplo, a las dosis diarias definidas) y que con la decisión de implantar la revisión semestral automática “incumple” la promesa alcanzada en 2007. Así, Vallejo recordó que no dará tiempo a revisar adecuadamente los stocks.
Por último, FEFE subrayó que solicitará un mínimo para los precios mínimos, de la misma manera que existe ya un mínimo para el precio de referencia.
