c. r.
Madrid
¿Está vinculada la resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la financiación selectiva de medicamentos? Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo. El ministerio, que niega una invasión de competencias del SAS, asegura que su resolución “no es financiación selectiva”. Juan de Dios Martínez Soriano, diputado popular por Andalucía, cree que sí, y considera el texto andaluz “aberrante” y “una barbaridad”.
Las diferencias van más allá. Las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por este periódico aseguran que la resolución del SAS es un “planteamiento habitual” en el ámbito hospitalario para definir con criterios de uso racional la política de compras y las estrategias de calidad de medicamentos que son de uso habitual en los hospitales. “Las Comisiones de Farmacia hacen eso de toda la vida en los hospitales españoles. No es financiación selectiva. Es una política de calidad que consiste en que entre medicamentos similares se establecen criterios de adquisición para los hospitales en función de eficacia, calidad, seguridad y precio”, dicen las mismas fuentes.
Martínez Soriano, sin embargo, critica lo que considera una financiación selectiva “a la andaluza”, que no sólo no llega “a la más mínima coordinación” con otras regiones, sino que además genera, a su juicio, diferencias de acceso entre las provincias andaluzas. El diputado aludió a una reunión mantenida con oncólogos andaluces, en la que éstos le mostraron su preocupación por el acceso a los tratamientos contra el cáncer. “Normalmente son caros y, a veces, la Junta de Andalucía tiene objetivos económicos antes objetivos de calidad, seguridad y eficiencia”, dijo Martínez Soriano.
El diputado se expresaba así en el transcurso de una Comisión de Sanidad que debatía una proposición no de ley de IU para fomentar el consumo de genéricos. El PP se mostró de acuerdo, si bien pidió que esta política no menoscabe la I+D de nuevos medicamentos y su acceso. La iniciativa, finalmente aprobada por unanimidad, incluía varias disposiciones envenenadas para la industria innovadora (ver tribuna inferior), entre ellas una que insta al “mejor control de las actividades de marketing de la industria farmacéutica y a evitar las campañas de desprestigio de los genéricos”.
Dudas legales
A vueltas con la resolución del SAS, las dudas acerca de su posible inconstitucionalidad siguen también a nivel legal. El gabinete de abogados del ex ministro de Sanidad Enrique Sánchez de León ubica la disposición “entre el disparate jurídico-constitucional y el afán competencial expansivo de las comunidades autónomas”.
Reconoce este grupo de juristas que los ‘criterios generales, objetivos y publicados’ a que ha de someterse la financiación selectiva no han sido desarrollados, lo que a su juicio ha producido “tal laguna que posibilita arbitrariedades de todo tipo entre las resoluciones de inclusión o exclusión de medicamentos en el SNS y, consecuentemente, también en la fijación de precios”. Asimismo, pese a reconocer al SAS el “acierto y éxito” de elaborar guías farmacológicas para hospitales, creen que “con la norma se ha podido dar un salto inconstitucional” al hacer de ellas una posible justificación de una inclusión o exclusión en la prestación farmacéutica del SNS.
