c. r.
Madrid
El vía crucis postelectoral socialista no ha hecho más que empezar y vaticina balances anticipados para el Gobierno. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, recibió la semana pasada su particular varapalo por parte de la oposición, que puso sobre la mesa la inactividad de su departamento y la proliferación de desigualdades en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El sistema sanitario tiene marcado con la Ley General de Sanidad un carácter universal que, sin embargo, no se ha hecho efectivo del todo. En 2010, el Defensor del Pueblo estimaba que unos 276.000 españoles (el 0,6 por ciento de la población) no tenían derecho a la cobertura sanitaria u otro seguro público. Pero estos datos pueden no ser reales, ya que la crisis es un perfecto caldo de cultivo para que ese número crezca: autónomos que cesaron en su negocio y no reciben prestación de la Seguridad Social; personas que dejaron de recibir prestaciones por desempleo o por situaciones de dificultad económica en la familia… No se sabe a ciencia cierta, pero puede que la cifra llegue a 300.000, dice Mario Mingo, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso.
Hasta ahora, varias comunidades afrontaron el problema al ampliar la cobertura a costa de sus presupuestos. Pero estas decisiones solamente tienen efectos en el territorio de residencia de estos ciudadanos y no es reconocida en todo el SNS. La voluntad política es unánime: se han aprobado dos proposiciones no de ley en el Congreso y fue uno de los puntos de acuerdos de la fallida subcomisión para el Pacto sanitario.
La semana pasada el Congreso aprobó por unanimidad estudiar la reforma de la Ley General de Sanidad, pero tuvo que ser una iniciativa de IU la aprobada… Todo un toque de atención al ministerio, cuyas dos últimas titulares anunciaban este proyecto desde 2008. La iniciativa de Gaspar Llamazares saldrá adelante, pero con cambios. Los grupos no están dispuestos a apoyar algunas ideas de IU, como la supresión de Muface o la del derecho a la cobertura pública a aquellos que quieran tener un doble aseguramiento.
Las doce diferencias
Las críticas se multiplicaron en el Senado, donde el PP acusó a Pajín de fomentar la desigualdad en doce puntos: gasto sanitario per cápita; normativa; cartera de servicios, salud pública y mental; atención y dotación hospitalaria; gasto en I+D, gestión y calidad; sistemas de información, recursos humanos y prestación farmacéutica. En este punto, la portavoz de Sanidad del PP, Dolores Pan, apuntó que la política del Ministerio ha abocado a las comunidades a adoptar sus propias medidas de contención. “¿No le parece que ante la situación de endeudamiento de los servicios de salud debería usted tener más sensibilidad y apoyar las iniciativas y evaluar el ahorro que puedan suponer?”, preguntó.
No fue la única llamada de atención en materia farmacéutica. El senador del PP Gustavo Alcalde exigió garantías a la prescripción de recetas a todos los enfermos crónicos desplazados en Cataluña. El PP calificó de “arbitraria, injusta e ilegal” una circular emitida por el Servicio Catalán de Salud para evitar que se hagan recetas a los crónicos de otras comunidades.
Pajín señaló que esas “incidencias” ya se solucionaron y defendió el balance de gestión de su departamento, así como los trabajos de coordinación entre el ministerio y las comunidades. Precisamente este argumento ha permitido a Pajín retrasar la convocatoria de un Interterritorial en los últimos meses. Contra todo pronóstico, Sanidad inició contactos la semana pasada. Las comunidades del PP se negaron al considerar un “fraude” celebrar un pleno cuando varias autonomías han cambiado de color político.
