Recurrir al Tribunal Constitucional como última opción para defender la reforma sanitaria y farmacéutica está convirtiendo las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en un campo de minas, que a su vez está generando alianzas inesperadas. El Senado, como cámara de representación territorial, dio muestra de ello la semana pasada, cuando toda la oposición decidió aliarse para apoyar, aunque sin éxito, el aval del PSOE a las subastas de Andalucía, a pesar de que muchos de los partidos a los que representan ni siquiera se plantean aplicar este modelo en las comunidades que gobiernan.
Hasta ahora, las menciones en cualquiera de las cámaras del Parlamento sobre esta u otras cuestiones, como el euro por receta, solían recibir de los grupos nacionalistas un apoyo velado que se basaba en que esas materias, al haber sido adoptadas por ejecutivos autonómicos, debían tratarse en los parlamentos regionales. Pero a medida que se han sucedido los recursos y suspensiones cautelares (y en algunos casos el levantamiento de las mismas) de las subastas en Andalucía, los decretos aprobados por el anterior Gobierno del País Vasco o el euro por receta implantado en Cataluña y Madrid, estas posturas se han concretado.
La portavoz del Grupo Parlamentario Catalán CiU en el Senado, Coralí Cunyat, explicó el voto positivo de su formación a la petición del PSOE sobre las licitaciones de la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, al indicar que no tenían “ninguna intención de aplicar el modelo de subastas de medicamentos en Cataluña, pero apoyaremos una moción que, en definitiva, lo que pide es que se protejan las competencias otorgadas a las comunidades autónomas”. El PNV tampoco incluía en su programa electoral una defensa de las subastas, pero el senador del Grupo Vasco José María Cazalis también fue igual de concreto en su defensa de la moción socialista.
Debate competencial
Paralelamente, las tensiones administrativas que ahora tiene que dirimir el Tribunal Constitucional están haciendo fuertes en los discursos las menciones sobre un nuevo modelo competencial. La semana pasada le tocó el turno a la senadora socialista Fuensanta Coves, encargada de defender la moción sobre las subastas, quien precisó que el Gobierno había recurrido el euro por receta en Madrid y en Cataluña, “pero no lo han hecho por un principio de equidad sino porque, a su juicio, esa medida invadía competencias. Por tanto, no les preocupa el principio de equidad sino que lo que les interesa es rescatar competencias de las comunidades para centralizarlas de nuevo en Madrid”.
La mayoría del PP en el Pleno del Senado rechazó la moción del PSOE que pretendía instar al Gobierno a no “boicotear” por tercera vez las subastas andaluzas. La portavoz popular, Coloma Francisca Mendiola, aseguró que las subastas andaluzas “rompen la unidad del mercado, establecen un monopolio, reducen la oferta, generan desabastecimiento y recortan prestaciones” y, desde ese punto de vista, el PP apoya los dos recursos presentados. Sanidad tampoco cierra la puerta a un tercer intento. Fuentes del ministerio confirmaron que siguen a la espera del dictamen del Consejo de Estado antes de tomar una decisión.
La posibilidad de que esto ocurra es motivo de doble preocupación para el PSOE, no solo por el nuevo obstáculo que supondría para los planes de Andalucía, sino por el temor, según la senadora Fuensanta Coves, a que el ministerio pueda estar intentando “ganar tiempo” para elaborar “una legislación ad hoc” que impida totalmente las subastas. El PSOE volverá a defender las subastas esta semana, en el Congreso.
