Los asistentes al Congreso de Derecho Sanitario pidieron diálogo entre los agentes
Solicitaron a Sanidad que ejerza su labor de coordinador del SNS descentralizado
u. g. / c. r.
Madrid
¿La prestación farmacéutica es un derecho de los pacientes o una cuestión de sostenibilidad? Para el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez, la pregunta es un “falso dilema”, ya que no puede existir a no ser que se hable de cómo hacer ese binomio compatible a medio o largo plazo. La situación es complicada y los intereses contradictorios. Por eso, los asistentes a la mesa del XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario que trató este asunto coincidieron al calificar de “absolutamente imprescindible” la relación de diálogo entre todos los agentes.
Sólo faltaba entre los ponentes algún responsable de Sanidad autonómico, porque todos los tiros fueron dirigidos a las medidas adoptadas en las comunidades autónomas para contener la factura farmacéutica. Así, Farmaindustria denunció que fragmentaban el mercado, algo con lo que se coincidió desde el PP, que estimó que el marco existente “acaba por desorientar”. Así lo señaló el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana del Partido Popular, Julio Sánchez Fierro, que precisó que “la prestación no puede desarrollarse de cualquier manera y esta diversidad preocupa”.
Industria y médicos
De este modo, la primera llamada de atención, tanto del PP como de Farmaindustria, fue para que el Ministerio de Sanidad hiciese uso de su papel para liderar un SNS descentralizado. En este sentido, Sánchez Fierro consideró que la respuesta al problema debía ser heterogénea y garantizar la cooperación de todas las comunidades autónomas. Asimismo, aseguró que algunos artículos de la Ley de Cohesión y la Ley de Garantías ayudarían a clarificar los problemas actuales, y recordó que la Ley de Cohesión “dice que hay que dar base a las comunidades autónomas para buscar que la prestación se haga con el menor coste”.
Y nadie, de nuevo, está en contra de este principio. Nadie en la cadena sanitaria tiene dudas sobre la plena justificación y capacidad de las comunidades para racionalizar el gasto público. Pero es una cuestión de acento la que inclina la balanza hacia un lado, en detrimento de algunos agentes. Sobre este punto, el presidente de Semergen, Julio Zarco, explicó que hasta ahora hablar de la ética profesional del facultativo había sido hablar de evidencia científica en la prescripción. Ahora, sin embargo, equivale a hablar de sostenibilidad.
Se trata de algo que, sin duda, conoce de cerca el responsable del departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis Yagüe, que en los últimos meses ha presenciado la creación de comités autonómicos de valoración de medicamentos, la eliminación de medicamentos de las bases de prescripción de las comunidades autónomas o prescripciones automáticas, la implantación de guías o la propuesta de catálogos regionales de medicamentos. Yagüe lanzó numerosas preguntas: “¿En qué medida estas iniciativas sobrepasan el marco legislativo y menoscaban los derechos básicos de los pacientes y la libertad de prescripción del médico?”. “¿El hecho de que sólo se puedan prescribir genéricos supone una distorsión del acceso al mercado de los medicamentos?”. “¿Hay favoritismo administrativo?”.
Farmaindustria compartió el objetivo de buscar la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero que ello suponga menoscabar la de un sector que vive en ciclos largos, necesita, según precisaron, estabilidad e incentivos para investigar. Eso pasa, según Yagüe, por ir más allá de las medidas autonómicas y no centrar en la oferta las medidas de control del gasto farmacéutico.
En opinión de la patronal, las previsiones que maneja el Ministerio de Sanidad (crecimiento cero para 2010 y negativo para 2011) no justifican medidas unilaterales sobre el lado de la oferta. “Hay que considerar también la demanda”, indicó Yagüe, así como otros aspectos del gasto actual, como el peso de la sanidad en términos del PIB, más allá de los incrementos en la factura. De hecho, si no pone en relación con el presupuesto sanitario total, sino con la población, el gasto farmacéutico español está a la cola de los países de su entorno.
Por su parte, Zarco añadió a la receta un refuerzo del contrato social y del criterio médico. “La prescripción tiene que basarse en criterios de ética y sostenibilidad, sobre todo de cara a herramientas de contención autonómicas lesivas para el ejercicio de la profesión y para los ciudadanos”, dijo.
