carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 26 de abril de 2013 h |

El año pasado tuvo muy atareadas a las organizaciones sanitarias europeas, que trabajaron con creciente preocupación en la identificación de los impactos en la salud de la crisis económica. El inicio de 2013, en cambio, ha traído varias razones para que esa preocupación se convierta en un incipiente optimismo. El cambio radica en los múltiples llamamientos que proponen cambiar las políticas de austeridad por otras elecciones políticas que refuercen los sistemas de salud en tiempos de crisis, con un énfasis especial en el acceso a los medicamentos.

La prestación farmacéutica en Europa se está volviendo un puzzle con muchas aristas, en el que confluyen tanto la propia estructura de gasto de este mercado a nivel mundial como los efectos de la crisis. Así lo manifestó el Parlamento Europeo en una resolución firmada el 18 de abril, en el que considera que, a nivel global, “el aumento de los precios de los medicamentos (de hasta el 30 por ciento) tiene un efecto negativo sobre el derecho a la salud de los más vulnerables”, en particular niños, mayores y discapacitados.

En Europa, los problemas en la prestación farmacéutica se manifiestan en forma de desabastecimientos. La propia Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirma en su Informe Anual de 2012 que se han incrementado en los últimos años, si bien lo achaca “al alcance de la globalización de la fabricación y cadenas de suministro”. En noviembre la agencia publicó un plan con el objetivo de prevenir, mitigar y gestionar los desabastecimientos originados por estos problemas de facturación.

Pero la garantía del acceso a los medicamentos no solo se ve afectada por problemas logísticos. En España está pendiente una evaluación de la reforma sanitaria sobre la que pesan dos quejas. Por un lado, las que aseguran que las medidas adoptadas en materia farmacéutica, copago y desfinanciación, están impidiendo que algunos productos sean asequibles para los pacientes. Por otro, que determinadas decisiones administrativas están bloqueando el acceso a según qué fármacos.

Toda vez que en España el impacto en la salud de las medidas de ajuste aún no es cuantificable, los llamamientos hacia una política que refuerce los sistemas sanitarios se fijan en Grecia, donde los desabastecimientos han llevado al Gobierno a investigar a 300 farmacias y mayoristas por poner en práctica actividades de comercio paralelo. Hasta el momento se han producido diez arrestos.

Reuniones de alto nivel

La crisis farmacéutica griega responde a una política de continua reducción de precios de los medicamentos y a un incremento de los copagos, dos medidas que han proliferado a lo largo de toda la UE_(en Letonia, por ejemplo, equivalen al 60 por ciento). La Directiva de Transparencia está llamada a poner orden en el caótico mapa farmacéutico europeo pero, a pesar de que las enmiendas del Europarlamento han sido aceptadas en su mayoría por la Comisión Europea, los cambios adoptados siguen sin convencer a los estados, que cerraron sin acuerdo su última reunión.

La Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA) organizará un encuentro de alto nivel que tendrá lugar en el Europarlamento el próximo 16 de mayo. Bajo el título, ‘¿Pueden los ciudadanos europeos permitirse sus medicamentos?, la jornada tiene como objetivo colocar en la diana los procedimientos políticos de varios países, entre ellos España, vinculados con la crisis económica.

Algunos de los tópicos sujetos a discusión incluirán la implementación de la Estrategia 2020 y la propia legislación farmacéutica como mecanismos para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica en condiciones de igualdad en toda Europa. Al evento acudirán expertos del sector farmacéutico (incluidos pacientes) y gestores de España, Grecia, Portugal, Lituania, Bélgica y Reino Unido.