Esta plataforma se considera “parte afectada” y reclama otra convocatoria regida por el artículo 43 del Tratado UE
Al pedir que se ejecute la sentencia se reducen las opciones legales que disponía la Consejería para evitar los cierres
Raúl Hernández
S. C. de Tenerife
Nuevo capítulo en el ya conocido como ‘caso canario’. La Plataforma para la Libre Apertura de Farmacias (Plafarma) ha solicitado a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la “ejecución forzosa” de la sentencia emitida el pasado mes de junio por el Tribunal Supremo, que ratificó la nulidad del concurso de nuevas adjudicaciones de farmacias de Canarias de 2001. Nulidad que, asimismo, también afecta al concurso convocado en 2007.
Plafarma efectuó esta solicitud al considerarse “parte afectada” del proceso. La presidenta de esta asociación, Mercedes de la Cuadra, manifestó a EG que los objetivos que persiguen con esta actuación “no es buscar el cierre para siempre de estas boticas ni perjudicar a estos compañeros, ya que sólo queremos que se vuelvan a poner en juego en igualdad de condiciones”. En este sentido, reconoció que lo que quiere Plafarma es “aprovechar esta vía para hacer ver nuestras eternas reclamaciones”.
Plafarma reclama la ejecución de la sentencia al considerar que “ha transcurrido el plazo de dos meses ofrecido a la Consejería para asumirla y en aras de restituir la legalidad”. En base a ello, solicita el cierre de los 86 locales adjudicados en 2001 más los 112 implicados en la convocatoria de 2007. “Queramos que, una vez cerradas, se proceda a nuevas aperturas en base a los criterios marcados por el Tribunal de Luxemburgo y el artículo 43 de la UE”, indicó.
En este sentido, esta asociación ha presentado incluso como documento probatorio el último informe emitido por el abogado general de este organismo judicial europeo, Miguel Poiares, sobre la cuestión prejudicial asturiana. Un informe que carece de validez legal al no ser vinculante para el Tribunal de Luxemburgo.
Por otra parte, a esta petición se unió el boticario David Mayor, profesional que participó en ese concurso de 2001 y que, según su abogado, que comparte con Plafarma, se vio afectado “como consecuencia de la errónea aplicación del baremo”. Cabe destacar que Mayor ocupó el puesto 351, cuando sólo los 86 primeros recibieron la autorización de apertura.
Réplica del demandante
Por otro lado, el abogado del demandante originario, el farmacéutico canario Carlos Blesa, se mostró sorprendido por la solicitud de personación de Plafarma en esta causa. En este sentido, consideró que era “muy discutible” que Plafarma fuese parte interesada, por lo que anunció que recurriría esta personación.
Asimismo, también le sorprendió comprobar que en el texto remitido a la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo se insinúe que su representado “reclama una desmedida cantidad de dinero como compensación por no ejecutar la sentencia”. En este sentido, el abogado de Blesa recordó que éste fue el primero que solicitó hace semanas la ejecución forzosa de lo dictaminado por el Tribunal Supremo, y que en todo este tiempo nunca se ha producido un contacto con la Consejería de Salud canaria para encontrar una solución pactada. “No ha habido posibilidad de reclamar un dinero que mi representado no desea”, indicó.
Un dinero que, según el abogado de Blesa, “sí desean otros”, en alusión a la petición efectuada por Mayor: reclama una indemnización de 3.000 euros “por graves daños, morales y a su proyección profesional, al habérsele impedido acceder a ser titular de una botica tras aplicarse un baremo nulo”.
Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo dejaba una puerta abierta a la búsqueda de una solución pactada entre las partes. Es decir, entre la Consejería de Salud canaria y el demandante. Pese a ello, el plazo de dos meses otorgado expiró “sin que hayamos recibido ni una sola propuesta al respecto”, indicó el letrado de Blesa, pese a que la Consejería afirma que estudia todavía cómo dar cumplimiento a lo dictaminado. “La única llamada que recibimos fue la del letrado del COF de Tenerife, que mostró interés en desbloquear esta situación, pero desconocemos si fue a título particular o en nombre de la consejería”, resaltó este abogado.
Debido a esta ausencia de comunicación y a las actuaciones emprendidas por Plafarma, parece difícil hallar una solución que no sea la de acatar la sentencia, proceder al cierre de los locales y convocar un nuevo concurso que respete el principio de igualdad y mérito.