| viernes, 04 de febrero de 2011 h |

Leire Pajín

La actuación del Ministerio de Sanidad en el caso del catálogo gallego ha cumplido con las expectativas del sector así como los juristas especializados en Sanidad y se ha puesto del lado de la interpretación más lógica de la ley. La interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno a la ley gallega que establecía el catálogo priorizado de medicamentos no debe ser solo freno a las políticas gallegas, debería ser el inicio a una nueva etapa en la regulación de la prestación farmacéutica en nuestro país. La muestra de fortaleza del Ministerio de Sanidad debe servir para dotar al Consejo Interterritorial de una mayor capacidad de coordinación así como evitar que las comunidades autónomas avancen aún más en la senda marcada previamente por otras autonomías.