carlos b. rodríguez
Madrid
El debate sobre si es preciso reformular el copago farmacéutico no está ni mucho menos terminado en Cataluña. Más bien parece que se ha intensificado. Los empresarios del sector sanitario catalán no opinan lo mismo que sus políticos (ver EG núm. 404). Y mientras la Consejería de Salud de Cataluña hablaba sólo de la coparticipación del usuario en el caso de los medicamentos, ellos hablan de ampliarlo a otros servicios, como la utilización de las ambulancias o las comidas en los hospitales.
“La gratuidad no puede extenderse a todo y a todos. Reconocerlo es defender también la equidad, y sobre todo la sostenibilidad de los servicios públicos básicos”. Así lo asegura una propuesta de pacto para sostenibilidad del sistema sanitario y social catalán firmada por Fomento del Trabajo, la Unión Catalana de Hospitales y las organizaciones regionales de la Federación de Mutualidades, Fepime y Fenin. El texto resalta además que las tasas de utilización de medicamentos, servicios socio-sanitarios y para la obtención de la incapacidad temporal “no tienen necesariamente una finalidad recaudatoria, sino promotora del uso racional de los recursos”.
Al mismo tiempo, los firmantes señalan la necesidad de concretar la cartera básica de servicios de financiación pública y orientar el mercado de la complementariedad. “Favorecer un tratamiento fiscal favorable a los ciudadanos que asuman con financiación directa o vía aseguramiento privado los servicios sanitarios y sociales descongestiona las listas de espera y permite optimizar el destino de los recursos públicos”, añade el documento.
El copago de los usuarios sólo es uno de los puntos de un acuerdo que pasa también, según estas cinco patronales catalanas, por profundizar en la empresarialización de la gestión de recursos públicos, la vinculación del incremento de los costes sanitarios a la mejora de la productividad, la creación de un marco estable para los proveedores de bienes y servicios o la revisión de la Ley de Dependencia, un documento que, según Fomento del Trabajo, “ha generado desde su inicio expectativas superiores a las que puede asumir el sistema”.
El COFB no firma el pacto
El pacto de los empresarios catalanes está abierto a otras organizaciones. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona ha rechazado adherirse al mismo, aunque en principio comparte la tesis que en su día expuso la consejera de Sanidad acerca de abrir debates sobre el uso responsable de los recursos para garantizar la sostenibilidad de las prestaciones sanitarias públicas, manteniendo los niveles de calidad actuales.
En este sentido, la propuesta de modificar el sistema de copago implantado en la actualidad, en el ámbito del medicamento, “es un ejercicio necesario si se quieren afrontar sin demagogia los retos que esto implica”, aseguran desde este organismo. El equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la equidad en el acceso a las prestaciones es la clave necesaria para que la opción escogida sea aceptable. No obstante, añaden, “cualquier debate será estéril sin haber construido antes un escenario de suficiencia presupuestaria”.
La semana pasada no todo fueron opiniones favorables al debate del copago. La Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud (Asusalud), manifestó su rechazo al mismo, por considerarlo “injusto y discriminatorio”. En su lugar, reclamó que el Gobierno incremente los presupuestos destinados a la sanidad.
