c. r.
Madrid
Aunque el recurso del Estado al catálogo priorizado de medicamentos sigue su curso e irá al Pleno del Constitucional esta misma semana, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Galicia no han querido cerrar la puerta al diálogo en busca de soluciones jurídicas, si éstas fueran posibles. En una reunión celebrada la semana pasada, las titulares de ambos departamentos acordaron crear una mesa de trabajo en la que técnicos del ministerio trasladarán a técnicos de la consejería los cambios que, en su opinión, la normativa regional tendría que aplicar para respetar el marco competencial.
Mientras el futuro del catálogo queda en manos de los juristas, la ministra Leire Pajín y la consejera Pilar Farjas se remiten a los hechos. Según la Xunta, el catálogo ha permitido alcanzar en enero los objetivos de reducción del gasto farmacéutico ineficiente y garantiza al cien por cien las coberturas terapéuticas. El ministerio responde que Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja redujeron en enero su gasto medio más que Galicia, y sin catálogo, lo que demostraría que hay alternativas al control del gasto farmacéutico sin invadir las competencias del Estado.
A su vez, Farjas indicó que entre el 1 y el 18 de febrero el catálogo ahorró 4,6 millones de euros, que se suman a los 3,9 ya alcanzados en la segunda quincena de enero. Además, indicó que en los 34 principios activos que incluye, el catálogo ahorra un 60 por ciento más que la orden de precios que entrará en vigor en marzo. Por eso, pidió al Gobierno que aplique el sistema de precios vigente antes de 2006 (y utilizado en toda Europa), que aplicaba la revisión inmediata de precios una vez superados los diez años de patente.
Otra de las medidas propuestas por Galicia es que el ministerio permita a las comunidades organizar sus propias iniciativas de eficiencia, como el catálogo. Farjas también señaló la importancia de alcanzar en el Interterritorial un acuerdo para la aprobación de financiación de nuevos fármacos que incluya la participación autonómica en la fijación de precios, previo estudio del coste/beneficio de cada nueva incorporación.
