LUCÍA GALLARDO
Barcelona
La retribución a la oficina de farmacia por la realización de servicios de valor añadido, más allá del margen del medicamento, es escasa en España. Las experiencias que existen tienen como objeto cubrir los costes de un trabajo concreto del farmacéutico más que representar la verdadera apuesta de las administraciones autonómicas y representantes farmacéuticos por crear una cartera de servicios que puedan ser retribuidos.
Los programas de intercambio de jeringuillas o el de dispensación de metadona desde la oficina de farmacia, que se llevan a cabo en la mayoría de comunidades, son ejemplos de servicios retribuidos. Pero, tal y como afirma la presidenta del COF de Navarra, María Pilar García, “la cuantía no es significativa como para que los farmacéuticos participen por interés económico”. Del mismo modo, el COF de Islas Baleares no concibe el programa de metadona como un servicio verdaderamente retribuido. “La consejería abona el importe mínimo de las sustancias, no por su administración”, dicen.
Existen otros casos, como el programa de Tratamiento de Observación Directa (TOD) para los enfermos de tuberculosis que desarrollan las farmacias valencianas a cargo de la Generalitat, o del programa de formación a personas mayores fruto de un acuerdo entre el Departamento de Salud de Cataluña, la Asociación de Farmacéuticos Rurales de Cataluña y los COF de Tarragona y Lérida. Si bien es cierto que esta iniciativa supone un paso hacia el reconocimiento e impulso del papel del farmacéutico, la retribución tiene como fin cubrir los gastos de las farmacias y no puede considerarse como una política de retribución.
Las dos únicas comunidades autónomas que han apostado de forma clara por este tipo de política son Cataluña y País Vasco, con la prestación a residencias sociales y seguimiento a pacientes en ayuda domiciliaria, respectivamente.
En el caso de Cataluña, será a través de un decreto de prestación farmacéutica en centros residenciales, que está previsto que se apruebe en enero y cuyo retraso ha estado motivado por las dificultades de encontrar una forma de pago adecuada. El proyecto incluía una cantidad fija anual por plaza, que sería el resultado del precio de venta del mayorista, un coste logístico y una cuota por la prestación de los servicios anuales. Sin embargo, también aplicaba el decreto de descuentos, lo que generó el rechazo del Consejo Catalán de Farmacéuticos.
Este servicio forma parte de un proyecto a largo plazo del Departamento de Salud de Cataluña de revisión del convenio de AF que, según Antoni Gilabert, gerente de AF del CatSalut, “debe llevar al modelo de retribución de servicios de la farmacia, que supondrá un cambio espectacular de la aportación del farmacéutico comunitario al sistema sanitario”.
Por su parte, País Vasco negocia con el Consejo autonómico de farmacéuticos el seguimiento a pacientes del servicio de ayuda domiciliaria, dentro de una estrategia de la Consejería de Salud de remunerar servicios en las oficinas de farmacia que pueden generar un ahorro al sistema. La forma de pago por la que se apuesta es la fijación de una cantidad por paciente y mes, no inferior a 35 euros, que se actualice con el IPC.
Opiniones dispares
La postura de los COF respecto a la conveniencia de impulsar este tipo de modelos no es unánime. Así, el presidente del COF de Badajoz, Cecilio Venegas, no cree acertado desligar el acto profesional del margen del medicamento. “Éste debe cubrir la logística y el conocimiento del farmacéutico”, señala, al tiempo que precisa que los esfuerzos deben ir dirigidos a conseguir que el margen sea justo para la farmacia. En su opinión, exigir un pago adicional “puede repercutir negativamente sobre la imagen de la farmacia, que no ha conseguido desprenderse de la etiqueta de negocio rentable”.
A Manuel Arenas, presidente del Consejo Andaluz de COF, tampoco le convence la retribución de servicios extra, y considera que “no es el momento de abordar el tema”. También opina que el pago debe englobarse en el margen del medicamento y que la remuneración de programas de AF provocaría la desigualdad entre farmacias, ya que las rurales están en peores condiciones para desarrollar servicios extra.
Para Rosa Lendoiro, presidenta del COF de La Coruña, “la AF es inherente al ejercicio de la profesión, como marca la Ley de Ordenación Farmacéutica, y en principio se lleva a cabo sin pagos adicionales”. No obstante, cree que hay iniciativas, como el sistema personalizado de dosificación, que sí pueden ser retribuidas por los gastos adicionales que suponen.
Esta idea es compartida por el presidente del COF de Zaragoza, Juan Carlos Gimeno, que considera que sería recomendable una compensación económica por este tipo de programas que están fuera del servicio básico que presta la farmacia y que requieren de un esfuerzo extra, “ya que facilitaría que el servicio fuera más duradero”. En cualquier caso, cree que “la remuneración más ajustada saldría de la aplicación del margen profesional actual, eliminando las deducciones del RD 5/2000”.
Aunque en muchos colegios la opción del pago por servicios no se ha planteado, no cierran la puerta a una política de remuneración más allá del margen, como el COF de Madrid. Sin embargo, la Consejería de Sanidad madrileña se muestra satisfecha con el modelo actual, en el que las farmacias desarrollan programas como el de atención al mayor polimedicado o el de las farmacias centinela, de forma voluntaria y desinteresada, lo que “da un plus de garantía de éxito a la consecución de los objetivos previstos, pues su ejecución no está motivada por un interés monetario”, según afirman fuentes del departamento. Si bien la colaboración no es remunerada, la consejería ofrece a los farmacéuticos que participan cursos específicos de formación a través de la Agencia Laín Entralgo, que son sufragados por la Administración.
Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo de COF de Castilla y León, está de acuerdo con retribuir servicios extra, aunque cree que habría que definir qué tipo de programas podrían ser remunerados. En este sentido, observa una oportunidad en la Ley de Dependencia, que puede generar la necesidad de prestar servicios extra desde la farmacia. En la misma línea, Mario Domínguez, del COF de La Rioja, señala que el margen del medicamento no puede cubrir el desarrollo de algunos servicios de valor añadido.
