Once asociaciones de pacientes de enfermedades crónicas se han unido para mostrar su apoyo a la Organización Médica Colegial (OMC) tras su manifiesto contra la utilización de Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE). Estas asociaciones, de las cuales ocho pertenecen a la Alianza General de Pacientes (AGP), rechazan “los procedimientos que se siguen en algunas regiones, como en Andalucía” y recuerdan que el Acuerdo Marco anunciado por esta comunidad, en el que se hará una selección de una única molécula por cada indicación, supondrá “un vacío terapéutico relevante y una discriminación para los pacientes andaluces”.
Pero este apoyo a la OMC no ha llegado solo de los pacientes. Desde Farmaindustria valoran muy positivamente el manifiesto de los médicos puesto que “viene a reconocer la libertad y responsabilidad del médico para prescribir el medicamento que necesita cada paciente en cada momento concreto”. Esta valoración de los representantes del colectivo médico supone de hecho un acercamiento a la patronal de la industria innovadora que, en los últimos tiempos había asistido asombrada a algunos de los posicionamientos de la OMC en ámbitos como el de la prescripción por principio activo. Pero eso podría pertenecer ya a tiempos pasados puesto que, en este asunto de los ATE, la sintonía es casi plena.
“La generalización de los tratamientos va a despersonalizar la medicina, lo que supone retroceder muchos años en la calidad de la asistencia sanitaria de los pacientes”. De este modo resume José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria lo que ocurre con las designaciones de ATE y, por ello, apoya a la OMC en la batalla que esta institución ha iniciado contra las iniciativas de las comunidades autónomas de designar equivalentes con el objetivo de ahorrar.
Por ello, la patronal farmacéutica coincide con la OMC en que para poder declarar un ATE, debería hacerse por la autoridad regulatoria, es decir, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), tras “pasar por estudios rigurosos que comparen la eficacia y seguridad de los medicamentos que se pretenden declarar iguales”. Por ello, Luis-Yagüe rechaza que los ATE se declaren en base a “comparaciones indirectas de estudios que no fueron diseñados para determinar equivalencias”.
De este modo, la patronal espera que “esto haga recapacitar a todas las autoridades sanitarias porque “no tiene sentido ir por una senda que va a romper principios básicos de funcionamiento del sistema sanitario” ya que las declaraciones de ATE “limitan el acceso a la prescripción y uso de medicamentos a los médicos y por tanto a los pacientes”. Y es que según Luis-Yagüe, “esta es una senda preocupante que podría conducir a ciertos ahorros pero tiene riesgos muy importantes para los pacientes, los profesionales sanitarios y la industria”.
Por su parte, la patronal de las compañías biotecnológicas, Asebio, ha rechazado también las declaraciones de equivalentes. “Nunca debería haber equivalencias terapéuticas entre moléculas distintas que pueden tener mecanismos de acción diferentes e incluso diferente actividad dependiendo del individuo y su predisposición genética” han explicado a EG fuentes de la asociación. Por eso “cada vez más se utilizan biomarcadores para establecer su efectividad”, aseguran.
CiU también en contra
Todos estos argumentos serán oídos en los próximos días en el Congreso de los Diputados donde se tendrá que votar la enmienda de CiU a la modificación de la Ley de Garantías en la que pide que los ATE sean de “carácter excepcional” y que se regulen por un real decreto que restrinja su declaración en “aras a la seguridad de los pacientes”. Parece claro que el PSOE votará en contra y falta por ver cuál es la posición final del PP. Nada está claro a día de hoy y el futuro de la prestación farmacéutica puede estar en juego.
