Decenas de titulares de farmacias, siéndoles imposible cumplir con sus obligaciones, han sido recientemente declarados en concurso de acreedores voluntario, instado por el propio deudor, o necesario, promovido por algún acreedor. Las causas son múltiples: crisis económica, bajadas de márgenes y venta libre, impagos del seguro, sobreendeudamiento, adquisición a precio irracional, gestión deficiente, desviación de ingresos, en ciertos casos incluso intento de fácil enriquecimiento (involucración en exportaciones)…
Muchos de tales farmacéuticos instaron su concurso sin considerar los graves inconvenientes que supone para los autónomos, pues finalizado el procedimiento seguirá operando la responsabilidad universal del deudor con su patrimonio personal presente y futuro, y únicamente dilatarán la agonía financiera: una persona física no quiebra ni puede disolverse.
Es la persona con todo su patrimonio privativo y ganancial y no exclusivamente la farmacia quien queda situado en concurso. Y ello hace más difícil que los acreedores acepten propuestas de convenio. Hay créditos privilegiados además de ordinarios, y un acreedor que no vea inviable el cobro no admitirá el acuerdo para la continuidad de la actividad empresarial, y pactos privados de pequeños acreedores son insuficientes.
Dejan de devengarse intereses de deudas anteriores, y las cuotas se paralizan, pero luego se deberá abonar de golpe el total de intereses y capital que haya quedado en suspenso de las hipotecas si no hay convenio, y por más quita que se haga es difícil cancelar todas las deudas en menos de cinco años.
El concursado no podrá realizar ninguna transacción ni administrar su patrimonio, siendo controlados los ingresos y gastos de la familia por un administrador judicial con nula experiencia en gestión de farmacias, permitiendo la acción de reintegración rescindirle contratos celebrados en los dos años anteriores. Y los costes son inasumibles para la mayoría de particulares en situación concursal.
La liquidación es preceptiva tanto si no hay acuerdo con los acreedores como si no se cumple el convenio, por lo que o pagas o pierdes todas tus propiedades. El remedio es peor que la enfermedad, al verse afectado todo el patrimonio familiar presente y futuro.
Y su situación es más delicada que respecto de otros establecimientos comerciales pues si cerrase la farmacia sin justa causa, como alguno hizo, además de perjudicar sanitariamente a la población atendida, desaparecerá la titularidad y, aunque no suponga un alzamiento de bienes, sí deja deliberadamente defraudada la posibilidad de un convenio que considerase la venta como solución, pudiendo con ello incurrir en responsabilidad penal por administración irregular.
Por todo ello, un farmacéutico nunca debe acudir al concurso voluntario. Debe agotar las negociaciones con todos sus acreedores o, al menos, tener aprobado un preconvenio con la mayor parte de estos.