Miguel Chamorro Gómez, presidente de AEOF y vicepresidente de FEFE
En España es responsabilidad de los poderes públicos la prestación del servicio sanitario a los ciudadanos y, por lo tanto, la asistencia farmacéutica. Para ello, existen los conciertos entre las farmacias y los gobiernos autonómicos, donde se establecen las condiciones de la prestación y su pago. La profunda crisis en que estamos inmersos hace que muchas comunidades autónomas, Murcia entre ellas, se encuentren con un problema de tesorería, que lejos de ser coyuntural es más bien estructural. Por otra parte, las durísimas condiciones en cuanto a endeudamiento y los recortes, impuestos desde arriba, agravan todavía más el problema de tesorería de estas autonomías.
Estas circunstancias hacen que la comunidad autónoma de Murcia haya comunicado a los farmacéuticos que no puede pagar durante los próximos seis meses. Pero, por si esto no fuera suficiente, las entidades de crédito, cajas y bancos han agotado, si no sobrepasado, su límite de riesgo con la comunidad autónoma murciana.
Los farmacéuticos, como hemos hecho siempre, estamos dispuestos al diálogo y a la máxima colaboración, pero hasta ahora la única solución que hay sobre la mesa pasa por una póliza de crédito individualizada a cada oficina de farmacia con garantía personal del propio farmacéutico con todos sus bienes presentes y futuros.
La facturación de un semestre de cada farmacia al Servicio Murciano de Salud (SMS) supone sus beneficios de cinco años y, en muchos casos por no decir en la mayoría, superaría el patrimonio neto de cada oficina de farmacia, comprometiendo el pago, en caso de incumplimiento por parte del SMS de su compromiso, la supervivencia del farmacéutico.
Con estas premisas, el escenario es el siguiente. Uno, la Administración autonómica tiene voluntad de pagar, pero no tiene dinero. Dos, el colectivo de oficinas de farmacia quiere colaborar al mantenimiento del servicio, pero necesita cobrar y, para ello, tiene que pagar a proveedores, personal, gastos generales y comer. Tres, la banca presta dinero pero no le basta la garantía de la Administración autonómica, ya que quiere el aval personal de cada boticario. Y cuatro, la pregunta que cabe realizar es la siguiente: ¿Es razonable que los boticarios financien y avalen la prestación farmacéutica a todos los ciudadanos murcianos siendo ésta responsabilidad del gobierno autónomo?
