Carlos Amaya es vicepresidente 1º de la FEMS
Todos sabemos que la sanidad se ha presupuestado de forma insuficiente, muy por debajo de lo que sea gastado anualmente, y siempre ha sido generadora de deuda. Este y otros temas son portada de los medios de comunicación nacionales y profesionales casi todos los días. Los políticos la utilizan como elemento de confrontación; los ciudadanos y los profesionales asistimos como espectadores a esta situación y, lo más grave, sin poner en marcha las soluciones urgentes que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita.
A día de hoy no sabemos cuál es la deuda real que tiene la sanidad: 10.000 millones de euros para unos, 15.000 para otros. Pueden ser más, según otros. No conocemos la realidad de las cuentas, falta transparencia y, por lo tanto, no sabemos a qué cantidad ascienden los intereses de esta deuda. Una vez conocidos, sabremos la cantidad que debemos y habrá que plantearse cómo se financia. Hay que lograr que el SNS tenga la financiación suficiente para evitar una nueva deuda y además mantener la calidad de la sanidad que reciben los ciudadanos.
Se han cumplido 30 años del traspaso de competencias a Cataluña, 27 años en Andalucía y pronto se cumplirán diez años de la finalización de las transferencias a las diez comunidades autónomas del antiguo Insalud. Durante todo este tiempo, con una financiación insuficiente, ha habido que hacer frente en varias ocasiones a la deuda generada por ese desfase entre financiación y gasto consolidado al cierre de cada ejercicio.
En todos estos años se ha hablado de la necesidad imperiosa de que los presupuestos sean finalistas. Como siempre, no ha faltado el debate, pero nunca se tomó la decisión. Ahora, con la situación económica actual todos los responsables políticos y toda la sanidad están de acuerdo: es el momento de ir a unos presupuestos finalistas para que las comunidades no se gasten lo destinado a sanidad en otras áreas y para que exista financiación suficiente que no genere otro ‘agujero’.
Hasta la fecha, las medidas que se han tomado han sido de recorte en el gasto farmacéutico y de productos sanitarios, así como en el gasto de personal. Ambos recortes han supuesto 2.700 millones de euros, según el Ministerio de Sanidad, que representan un 5 por ciento del gasto total de nuestro sistema sanitario. No sabemos si todos millones han ido a la sanidad.
