De todos es conocido que estamos padeciendo desde hace ya varios años una dura crisis económica de efectos globales, que incide de manera especial en la economía española. En este momento, se cuentan cinco millones de desempleados que suponen un 21,5 por ciento de la población activa (EPA de diciembre de 2011). Además, España tiene un problema serio de déficit público que ha llevado al Gobierno y a las autonomías a reaccionar con medidas de austeridad que han afectado directamente a la política farmacéutica. Recientemente se han conocido reducciones de las partidas destinadas al presupuesto farmacéutico llevadas a cabo, entre otras, por Cataluña (el 26 por ciento), Aragón (el 21,8) o Navarra (el 10). Sin embargo, se sigue haciendo equivalente la reducción de gasto en medicamentos a la del gasto sanitario. Se continúa hablando poco de los servicios sanitarios y del deber de los decisores sanitarios de asignar recursos eficientemente. La mayoría de ajustes presupuestarios que inciden en el medicamento se han realizado de forma lineal y sin tener en cuenta el coste de oportunidad, las necesidades de la población ni los resultados de salud. Nadie hace un análisis sobre el impacto en la accesibilidad de terapias innovadoras.
En este contexto de grave complejidad macroeconómica, y con las administraciones públicas más sujetas que nunca a la restricción presupuestaria, la adopción reiterada de medidas de contención del gasto público en medicamentos puede llegar poner en cuestión la viabilidad económica de alguno de los actores del sistema. Por ejemplo, hay comunidades con problemas para pagar la factura a las farmacias y el recorte presupuestario se añade a la deuda que se tiene que pagar. Las farmacias dicen que todas las medidas adoptadas tendrán un impacto medio superior a los 100.000 euros de reducción de ventas en las farmacias a finales de 2012. Me temo que este ejemplo es solo la punta del iceberg que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema.
En el contexto de crisis es importante justificar la asignación de recursos respecto a todas las opciones alternativas que tenemos de inversión. Control del gasto sanitario no puede ser equivalente a control de gasto farmacéutico. Es hora de hablar de eficiencia de servicios sanitarios y tecnología. Los decisores con responsabilidades en la asignación de recursos tienen que empezar a dar explicaciones trasparentes sobre sus decisiones a la población.
