| viernes, 15 de octubre de 2010 h |

Antonio Abril, presidente de Hefame

El desarrollo de los almacenes de distribución farmacéutica sigue un paralelismo indudable en todos los países occidentales, salvo las diferencias provenientes de su sometimiento a legislaciones supeditadas a códigos civiles y de comercio de génesis napoleónica o anglosajona, con lo que ello supone de distinto enfoque de ver la vida en general. A pesar de esa semejanza entre los distintos modelos de distribución europeos, entendemos que la ligazón entre las oficinas de farmacia y la distribución farmacéutica en España, tanto por los porcentajes de mercado que alcanza en este país como por la calidad y conexión anímica de este lazo, es un elemento característico y diferenciador de la farmacia española. Algo que lleva hasta el punto de que algunas de las singularidades del modelo español, al que se ha dado en llamar modelo mediterráneo, no son entendibles desde otros lares si no llegan a darle a este factor la importancia que realmente tiene.

Esta peculiaridad del modelo mediterráneo, que hace que sean las oficinas de farmacia dueñas de la distribución farmacéutica, hace posible que en estas empresas el criterio de profesionalidad siempre esté por encima del criterio de rentabilidad económica. Que el criterio de servicio público, tan arraigado y sentido entre los que formamos parte de esta bendita profesión, siempre se imponga al pragmatismo capitalista. Que para nuestras distribuidoras la regla del 80/20 no sea una forma de dar un servicio aceptable con un esfuerzo moderado, sino un absurdo, porque nosotros siempre intentamos el mejor servicio posible, porque al fin y al cabo trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para el farmacéutico.

El modelo se configura en nuestro país alrededor de dos formas jurídicas. Por un lado, las cooperativas. Por otro, los centros. Las primeras están sujetas a la ley que lleva su nombre, cuya característica más notoria es la formula de un socio un voto. Nadie es más que nadie y nadie puede acumular el suficiente poder de representación que le otorgue la mayoría absoluta. Esta es su fuerza y ésta es su debilidad.

Por su parte, los centros son sociedades anónimas, lo que les permite mucha más flexibilidad y dinamismo de acción, así como fuentes de financiación más diversas (incluso pueden cotizar en bolsa). Pero todo esto conlleva estar expuesto a grupos de control, a núcleos duros, a accionistas mayoritarios, lo cual, siendo del todo legal, implicaría un cambio sustancial en el modelo de gestión que lo alejaría de los fines: profesionalidad y servicio público, que he citado antes como conformadores de la esencia de nuestro modelo. Debemos pues estar vigilantes.

Nuestro modelo es la envidia de los ciudadanos de otros países, pero lamentablemente es también objeto de deseo de grupos de inversión internacionales, cuya ambición no conoce límites ni fronteras, que les encantaría comerse el pastel económico que representa. Para ello, estos grupos intentaran convencer a nuestros gobernantes de que ellos lo harían igual a menor precio y tal vez logren convencerles. Pero ello sería igual de eficaz únicamente al comienzo, y derivaría después en el abandono de las rutas no rentables, dejando desabastecidas a amplias zonas de nuestra geografía.

En el libro El laberinto español, de Gerald Brenan, que nos conocía bien, éste decía: “Los españoles son impulsivos en general, pero prudentes en los temas importantes”. Esperemos que a nuestros gobernantes no les falte nunca la prudencia.