Joaquim Fausto, director general de Alliance HealthCare
Tras años discutiendo, hemos limitado el debate a la tecnología utilizable para codificar los medicamentos, olvidando que detrás de la RFID o del Datamatrix debe haber sistemas que almacenen y gestionen la información, e inversiones en todos los eslabones del canal farmacéutico. Hemos convertido la trazabilidad en un objetivo en sí misma, cuando debería ser una herramienta para conseguir otro superior, que a veces ni siquiera sabemos cuál es. Desde 2003, la distribución está sometida a una normativa de imposible cumplimiento. Se impuso el RD 725/2003 desde el desconocimiento del sector, y sin mostrar interés en conocerlo. La Ley de Garantías se elaboró con más prudencia, y condicionó la ampliación de las exigencias de trazabilidad a la existencia de una tecnología que las hiciera posibles. Ahora, la distribución aplaude que la elección de esta tecnología se base en la experiencia de una prueba piloto. No nos es posible participar en la trazabilidad si se basa en la lectura óptica de códigos, y esperamos que un pilotaje bien planteado y ejecutado impida que otra norma de imposible cumplimiento nos deje en situación de ilegalidad. La prueba debe decidir qué sistema vale para todos. Y, si no hay ninguno utilizable por todo el sector, debe recomendar que la trazabilidad se aplace hasta que exista una tecnología económica, fiable y aplicable a lo largo de toda la cadena.
Si la trazabilidad es una herramienta, ¿qué objetivo perseguimos con ella? Las retiradas de medicamentos no necesitan trazabilidad de lote, y menos de envase unitario. Y para garantizar el abastecimiento basta el control cuantitativo de las unidades recibidas y servidas. Entonces, ¿para qué sirve la trazabilidad de la Ley de Garantías? El registro individualizado de cada unidad recibida y servida será un arma en la lucha contra robos y falsificaciones. Pero, ¿tiene sentido una solución local española? El futuro decreto de trazabilidad es para los almacenes una solución a medias. Establecerá un sistema que permita trazar los medicamentos de uso humano, pero hay disposiciones que exigen el control de lote de alimentos, productos sanitarios y medicamentos de uso veterinario. Y la Administración no se plantea facilitar este control mediante el uso de la tecnología. Además, tendrá un coste. Cuando los márgenes disminuyen y los precios menores alcanzan valores ridículos… ¿Quién debe pagar la trazabilidad? Merece una respuesta antes de dar el siguiente paso.
