En la situación económica actual, la liberalización total del sector de farmacias que se propone en el anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales tendría terribles consecuencias. No solo en la merma del tejido empresarial de autónomos que lo conforman y del empleo asociado, sino también por el grave perjuicio que supondría para los pacientes y la Sanidad española.
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) consideramos que esa desregulación derivaría en el final de un modelo farmacéutico, basado en la cercanía, la capilaridad y la calidad. Un modelo cuyo buen funcionamiento garantiza el acceso de los pacientes a su medicación en todo el territorio y, especialmente, en zonas rurales. Casi siempre contribuyendo, con el pequeño comercio, a la vertebración social de estas.
No entendemos la necesidad de las modificaciones que se plantean. Por varias razones. En primer lugar, creemos que antes de plantear cualquier cambio en el actual modelo, debería solucionarse la elevada morosidad pública que padece el sector. Un hecho que hemos denunciado pública y reiteradamente desde ATA, subrayando que pese a los impagos de las propias administraciones públicas el sector ha seguido prestando sus servicios y cumpliendo con su papel social y de interés público.
El nuevo plan de pago a proveedores anunciado por el Gobierno puede aliviar esta situación. Pero lo importante es que, una vez que los contadores se pongan a cero, no se vuelva a acumular la deuda. Para ello, el 95 por ciento de las administraciones públicas que hoy incumplen los plazos de pago que establece la ley y la directiva europea tienen que dejar de hacerlo. Desde ATA tenemos el profundo convencimiento de que la liberalización generará más perjuicios que beneficios para los autónomos del sector y para la sociedad. No ataquemos a un modelo que funciona y que, pese a la crisis, sigue generando riqueza y empleo.
