Rafael Ariño Sánchez, director de Ariño y Asociados Abogados
A lo largo de todo este verano hemos asistido en diversos foros a las declaraciones de diversos presidentes de distintas comunidades autónomas en relación con la devolución de diversas competencias estatales, singularmente las competencias sanitarias. Desde un punto de vista jurídico, la devolución de las competencias autonómicas en el ámbito de la Sanidad es perfectamente posible, dado que la Constitución Española atribuye al Estado todas aquellas competencias que no se encuentren recogidas en los distintos estatutos de autonomía.
Sin embargo, para que ello se produzca y se materialice se requieren dos cosas. Por un lado, se hace necesaria la iniciativa autonómica, mediante una modificación estatutaria en orden a suprimir competencias. Por otro, es imprescindible la aprobación de esta modificación en las Cortes Generales, dado que son ellas quienes, mediante ley orgánica, aprueban las modificaciones de los estatutos de autonomía. Cabe poner de manifiesto que para aprobar estas modificaciones se precisa mayoría absoluta.
Naturalmente, si todos estos requisitos se cumplieran, se devolverían al Estado todos los medios que se recibieron en su día, y todos los recursos aparejados. Eso sí, también se le entregaría la deuda y, en lo que respecta a las oficinas de farmacias, se volvería al concierto estatal firmado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en lugar de los conciertos autonómicos actuales firmados entre colegios provinciales y las diferentes consejerías de Sanidad autonómicas.
Pero, sinceramente, no creo que se llegue a ese extremo. Una cosa es una declaración política que quiere poner de manifiesto la carencia de recursos económicos en orden a lograr que ‘papá Estado’ aporte mayor financiación y otra muy distinta es asumir una pérdida de poder. Y, en este sentido, parece que en la actualidad perder poder resulta algo impensable en un político.
Esta situación se refleja claramente en lo que me decía un consultor que intervino en un proceso de transferencia de competencias a una comunidad autónoma. Este consultor me indicaba que el presidente de la citada autonomía lo tenía muy claro: quería todas las competencias del sector audiovisual (sí o sí) y, respecto las restantes, todas aquellas que le dieran una mayor financiación. Las sanitarias, desde luego entraban de lleno en el segundo grupo. ¿Renunciarían en estos momentos las comunidades autónomas a esto? Personalmente, no me lo creo. ¿Renunciar a poder llorar para pedir más y poder echar culpas a otros?, por supuesto que sí.
