| viernes, 07 de octubre de 2011 h |

Rafael Ariño, Socio director Ariño y Asociados Abogados

El enfrentamiento con las Administraciones Públicas exige conocer bien las armas de que se dispone y saber utilizarlas. Hay que medir bien las medidas ‘populistas’ y serias. En estas caben dos tipos: las que agravan el problema hasta hacérselo insoportable a la Administración, lo que le fuerza a encontrar una solución; y las que son capaces de decirle a la Administración: “Tú y yo tenemos un problema. Tengo una solución que tú no has visto”. Palo y zanahoria.

Los impagos a las farmacias se encuentran en esa disyuntiva. He oído voces colegiales planteando la revisión de los conciertos. Un error. Es esencial conocer en qué consisten los conciertos para saber qué tecla hay que tocar y cuáles serían las consecuencias. La revisión no sirve para nada, porque el problema actual no es que el concierto esté mal, sino que una de las partes incumple. Hay otras medidas más apropiadas, y una de las más temibles es la suspensión.

¿A quién favorece el concierto? La Administración tiene más que perder si el concierto se suspende. El farmacéutico poco: este asegura el pago por medio de la Administración pero, si no se paga, ¿qué se pierde con la suspensión? Detrás de la medida suspensiva se esconde un mundo interesante, terrorífico para la Administración, porque no existe en derecho español una regulación de la prestación farmacéutica a través de la oficina de farmacia fuera del concierto, y de la regulación de la aportación del paciente. La ley solo contempla el derecho del paciente a la financiación del medicamento pero no dice cómo recibe dicha financiación. El concierto regula las facilidades de gestión a través de la farmacia, pero fuera de él los pacientes solo tendrían el “derecho de reembolso”, que no está regulado.

Pero no hay palo bueno sin zanahoria. El tema de los impagos solo admite una solución válida: hay que lograr que las comunidades accedan a la financiación. Y en eso, la figura del concierto, unida al gran papel que podrían desempeñar los colegios profesionales, admiten la configuración de sistemas de refinanciación en los mercados de capitales a través de estructuras que pongan en valor el marco normativo presupuestario de las transferencias en materia de pago de facturas farmacéuticas.

El esquema es viable, y la posibilidad de implicar a varias comunidades en un esquema conjunto aportaría ventajas, porque entonces podría plantearse utilizar técnicas habituales en el ámbito de la titulización, como estructuración de garantías, utilización de vehículos financieros y otras que reduzcan riesgos y, por tanto, abaraten la financiación. Para ello se necesita que unos y otros sepan escuchar soluciones imaginativas, que existen y debieran valorarse.