Jesús Díaz, secretario del patronato de Fundamed
La globalización es un hecho imparable que, de una forma o de otra, afecta a la sociedad en general y en la cual nos vemos inmersos día a día. Las nuevas tecnologías y, sin duda, Internet, son uno de los elementos más visibles y de mayor influencia dentro de este mundo globalizado. La comunicación y acceso a cualquier información y consulta personal o colectiva con una inmediata respuesta es en bastantes ocasiones de una muy escasa fiabilidad y, por lo tanto, de un resultado poco o nada válido para resolver con eficacia y con seguridad la consulta realizada.
En estas líneas me quiero referir, especialmente, al uso de Internet para la compra de medicamentos, que en aproximadamente un 90 por ciento de los casos son medicamentos falsificados, cuya simple consulta puede estar llevando a poner muy seriamente en peligro la vida del consultante o la de otras personas a las que éste pretenda hacerle el ‘gran favor’ de comprar más barato, sin consultas ni recetas, y, sobre todo, el presumir de hacer uso de la libertad personal (compro donde quiero y lo que quiero). En este caso, y las cifras de engaños así lo atestiguan, se hace real la frase “qué atrevida es la ignorancia”.
Es el gran reto, lo debería ser a corto plazo, de los legisladores a nivel nacional e internacional el cambiar una legislación actual que todavía penaliza con ¿falta o delito? ¿Piensan que las mafias profesionales que ya se están instalando en este lucrativo negocio y menos peligroso (para ellos), tienen algún tipo de reparo de ser acusados de una falta? Bueno, tampoco ante un delito.
En estos días estamos siendo testigos en nuestro país de episodios que determinan si son eficaces y rápidos los gobiernos ante pulsos directos que les eche cualquier colectivo y que conlleve graves consecuencias para la sociedad (me refiero al conflicto de los controladores aéreos). ¿Resultado? En un tiempo récord se han buscado soluciones y, por ello, mis preguntas. ¿Es menos grave la venta de un medicamento falsificado? Por cierto, ¿los máximos responsables de los principales portales de Internet miran hacia otro lado ante esta situación? ¿Podrían colaborar más eficazmente con avisos de este peligro en sus páginas web a sus usuarios? ¿Para cuándo la eficacia de nuestros gobernantes, de España y de la UE, ante este hecho que causa pérdidas económicas cuantiosas, sensación de inseguridad en los ciudadanos y, sobre todo, puede producir graves problemas de salud y muertes?
