Ferran Pujol es director de la ONG
Projecto de los Nombres-Hispanosida
En un contexto como el que se da en España en que el retraso diagnóstico del VIH se estima en un 40 por ciento y teniendo en cuenta el gran impacto que ello supone, cualquier medida efectiva dirigida a fomentar la detección precoz del VIH, que respete los principios éticos y el derecho a una correcta atención, parece aconsejable. De ahí que el anuncio del Departamento de Salud, de implementar la prueba rápida de detección del VIH en las farmacias de calle, haya causado un considerable impacto mediático.
Sin embargo, priorizar la detección precoz no debería desplazar los esfuerzos de las administraciones públicas en cuanto a la prevención del VIH, donde España ha entrado en retroceso. Es evidente la ausencia o insuficiencia de campañas y estrategias institucionales dirigidas a contener la creciente expansión del VIH entre los colectivos más vulnerables, en los que la prevalencia de la infección alcanza cotas desproporcionadamente elevadas.
Se habla de la relajación en la utilización de medidas preventivas frente al VIH por parte de la población general, pero raramente se cuestiona la relajación de los poderes públicos en su deber de mantener en alerta a las nuevas generaciones que se incorporan al ejercicio de una sexualidad no exenta de riesgos. Deben reemprenderse sin dilación campañas educacionales novedosas y contundentes, dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables. Y la responsabilidad de nuestras administraciones públicas constituye un deber indiscutible.
