En estos últimos días se ha pasado de no querer hablar de copago farmacéutico y sanitario a tenerlo todos los días en la práctica totalidad de medios de comunicación: copago, una palabra demonizada por determinados sectores políticos que siguen pretendiendo confundir a la población, aunque a los profesionales sanitarios, creo que no se les confunde. Todavía no he encontrado a nadie que le agrade pagar impuestos; pero es necesario hacerlo. En una situación de crisis como la que tenemos actualmente sobre nuestras cabezas, apelar a la corresponsabilidad de toda la población es cuando menos imprescindible, por eso desde que estalló la crisis siempre he entendido que el copago era la única alternativa viable.
¿Acaso no hay copagos de extraordinaria cuantía en nuestras vidas cotidianas? No costará imaginar a padres de familia que con los hijos sin trabajo tienen que ayudarles al pago de la hipoteca y a que lleguen a fin de mes. Esto es actuar en sustitución del propio Estado, que debiera procurar que sus ciudadanos tuvieran acceso al trabajo, derecho este reconocido en nuestra Constitución. Pero determinados sectores progresistas se ceban en una partida que lo único que puede comportar es readaptar los hábitos de consumo desbordado de medicamentos.
De nada serviría que, en el ánimo de rebajar la deuda del país se actuara sobre el sector sanitario exclusivamente, como hasta ahora ha sucedido con los últimos reales decretos aprobados, pidiendo un nuevo esfuerzo a la industria farmacéutica y a los profesionales de la farmacia. Ahora procede la corresponsabilidad de la sociedad civil moderando y racionalizando el consumo, teniendo en cuenta, además, que en nuestro país las perspectivas de la edad media de la población es la de envejecimiento progresivo y diana de mayores necesidades farmacológicas y prestaciones sanitarias. Es una medida que debiera haberse adoptado hace tiempo, al igual que quedan pendientes todavía otras medidas, que sin duda pudieran contribuir al ahorro en el gasto farmacéutico.
Los derechos y obligaciones de las personas son cambiantes, por lo que aquello de los derechos adquiridos supone poco menos que la inmovilidad en una sociedad absolutamente cambiante. Heráclito lo dijo: “Nada es todo cambia”. Lo único que debemos exigir es que el desarrollo de la norma que recoja el copago sea lo más sencillo posible y con la menor carga administrativa para los administrados a la hora de recaudar.
