César Martínez es consejero de Alliance Heatlhcare España | viernes, 20 de septiembre de 2013 h |

En estos 21 años la distribución ha cambiado tanto que era necesario que también cambiara la normativa que la regula. Las evoluciones de la logística y de la informática, la necesidad de ajustarse a un mercado competitivo y las reducciones de costes obligadas por los recortes impuestos por los sistemas sanitarios han obligado a la distribución a agudizar el ingenio. Y muchas veces las posibles soluciones estaban en la alegalidad porque la regulación no había evolucionado.

Por ello, hay que dar la bienvenida a unas GDP más acordes con la realidad actual. En ellas la posibilidad de subcontratar a terceros debe permitir racionalizar el trabajo y los costes. El capítulo dedicado a los intermediarios es positivo porque, si los brokers existen ya, es mejor que estén controlados y regulados. También parece correcto que el Plan de Calidad sea exigente, aunque en general los almacenes actuales ya cumplen con este requisito, y que incluya un estudio de riesgos y su gestión; todo ello dará aún más seguridad a la distribución de gama completa, que se ha caracterizado por la calidad en su servicio y en sus procedimientos.

En principio no parece necesario insistir tanto en la validación de proveedores y clientes, ya que es práctica diaria en los almacenes de gama completa documentar cada alta. Pero hay que tener en cuenta que estas GDP no se deben aplicar solo en distribuidores españoles de amplia gama, sino en cualquier establecimiento europeo con licencia de almacén.

Sin embargo, hay aspectos mucho más discutibles. Uno de ellos es el eterno problema de la trazabilidad, llevada al extremo de tener que imprimir en cada albarán los identificadores de lote de los medicamentos del pedido. No se ha avanzado en materia de legibilidad de códigos en las condiciones de trabajo de un almacén farmacéutico, y es sabido que el pilotaje que llevó a cabo Sanidad en 2009 demostró que ni Datamatrix ni la RFID daban los resultados necesarios. Exigir ahora que además se imprima el lote en el albarán es pretender acabar con la distribución. Ni siquiera aumentando astronómicamente el coste en personal se podría cumplir con ello. Otro aspecto es el de la validación de los sistemas informáticos, que debería haberse definido con más precisión. Está bien garantizar que el sistema funciona y que los datos son correctos, pero ello no debe retardar cualquier modificación en programas o equipos.

Estas GDP nacen marcadas por la prioridad de moda: la lucha contra falsificaciones. Por ello son exigentes en validación de clientes y proveedores y en registros. Son unas GDP coincidentes en el tiempo con la Directiva anti falsificaciones y con la modificación de la Ley de Garantías y el RD de Distribución, por lo que no deben extrañar reiteraciones. Si son buenas o malas, el tiempo dirá; pero no deberían durar otros 21 años.