David Cantarero

Profesor titular de Economía Aplicada de la UC

| 2011-07-15T16:18:00+02:00 h |

carlos b. rodríguez

Madrid

Está a punto de celebrarse el Consejo Interterritorial sobre financiación, aunque los problemas financieros del Sistema Nacional de Salud hace tiempo que dejaron de ser un asunto exclusivo de este pleno. Los nuevos presidentes autonómicos y consejeros hablan de la deuda con los proveedores, al igual que los máximos responsables de los partidos políticos. David Cantarero, profesor titular de la Universidad de Cantabria en el área de Economía Aplicada, da su visión sobre los problemas financieros del SNS y sobre las medidas que están sobre la mesa.

Pregunta. ¿Necesita más dinero el Sistema Nacional de Salud?

Respuesta. El gasto sanitario en España representó en 2009 el 9,5 por ciento del producto interior bruto (PIB), en la media de los 30 países más desarrollados del mundo. Esta cifra no se explica como una mayor inyección de gasto, sino con la reducción del PIB como consecuencia de la crisis, en particular en España. La necesidad evidentemente existe en nuestro sistema sanitario, si bien no sólo por ello los resultados en salud van a ser mejores. Ahí está el caso de Estados Unidos.

P. ¿Cómo ve la posibilidad de un incremento a corto plazo?

R. La medida anunciada de un incremento de 8.000 millones en los presupuestos de 2012 recuerda a otras del pasado en las que se pretendía solventar en parte la deuda con el sector sanitario. No conozco los detalles del reparto y condiciones de esa nueva inyección financiera en sanidad, pero no son buenas medidas de choque que al poco sean superadas por la realidad. Ahí tenemos lo que sucedió hace seis años.

P. ¿Por dónde pasa este debate?

R. Es necesario un pacto social para buscar nuevos métodos de financiación y que exija al gobierno de turno un seguimiento continuo de los problemas del sector y soluciones coordinadas entre todos los agentes implicados. No es de recibo el nivel de deuda a proveedores de servicios.

P. ¿Hay que volver a una financiación finalista?

R. La sanidad es una competencia autonómica más y, por ello, considero que la priorización finalista en cada región es una decisión política, cuya restricción tomo como dada, así que no creo que fuese bueno volver a imponer restricciones finalistas que asegurasen un global en los presupuestos para sanidad, aunque sí pueden asignarse partidas finalistas específicas de menor cuantía.

P. Pero existe el deseo de hacer finalistas recursos adicionales.

R. Puedo coincidir en que el modelo de financiación autonómica precisa correcciones y no responde a las demandas sociales de gasto en sanidad, que además compite con dependencia en la captación de recursos. Pero la sanidad ha de compartir su espacio en el gasto social con la educación, vivienda, pensiones y programas de lucha contra la pobreza.

P. ¿Qué opina de un ‘céntimo sanitario’ para tabaco y alcohol?

R. No deja de ser otra manera de afectar de manera específica recursos para la sanidad y no creo que encaje mucho en la filosofía del actual modelo de financiación.

P. La Comisión Europea declara ilegales los impuestos finalistas para sanidad. ¿Es posible dotar la sanidad en los presupuestos con una cantidad equivalente al dinero recaudado con esos impuestos?

R. Efectivamente, quedaría la posibilidad, aunque deberíamos tomar la restricción presupuestaria como dada por el apoyo político en las urnas y dedicarnos a mejorar la aplicación de cualquiera que sea el gasto finalmente asignado. La información para eso es la que afecta a costes y beneficios eludibles tanto en términos de coste-efectividad como de resultados en salud, todo ello aderezado con las suficientes dosis de austeridad y transparencia.

P. ¿Subir impuestos para financiar la sanidad es hoy en día una opción a considerar?

R. Soy más partidario de luchar contra el fraude y redistribuir la carga fiscal sin realizar subidas de impuestos que, aunque pudiesen aumentar los ingresos, como pasó con el IVA, no dejan de ser cortoplacistas y hacer retroceder el consumo y el crecimiento económico. A pesar de que las encuestas dicen que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar más por una mejor sanidad, no lo veo factible ni adecuado. Habría rechazo social y perderíamos competitividad, pues la presión fiscal en la UE-27 está ya 12 puntos por encima de la de Japón y Estados Unidos. La solución ha de venir de más ajustes en las variables principales del sistema y nuevos pactos sociales.

P. ¿Y la desgravación por suscripciones a pólizas privadas?

R. El seguro sanitario privado aparece en la política sanitaria teñido de prejuicios y tabúes. Actualmente existe una deducción en los seguros de empresa y una reducción del IRPF por este concepto. No obstante, en la financiación sanitaria también es importante y necesaria dadas las restricciones actuales. Debería volverse a plantear la inclusión de la desgravación por suscripciones a pólizas privadas para rentas inferiores a un cierto nivel dado el crecimiento de contratación de dichos seguros y se conseguiría así un importante ahorro.

P. La medida implicaría bajar la recaudación del Estado.

R. Pero podría ser compensada por el incremento de la actividad sanitaria privada y una mayor recaudación a través del Impuesto de Sociedades e IRPF por el aumento en el volumen de tributaciones de centros hospitalarios y extrahospitalarios así como con la creación de empleo directo en este sector.

P. Tras pasar la ITV, el sistema de financiación vuelve a generar deuda. ¿Hace falta otra reforma?

R. Más que una nueva reforma, que no la veo en el horizonte, habría que avanzar en un aumento de la autonomía financiera regional, dado que será difícil aumentar las transferencias procedentes del Estado, y en la adaptación de la financiación y necesidades al crecimiento demográfico.

P. ¿Qué alternativas propone para paliar la deuda sanitaria?

R. Las vías posibles son: racionalizar el gasto o incrementar la financiación. Como no tiene sentido repensar las cosas desde cero, mejor hacerlo desde la situación actual. Para ello, la imposición por la vía de las tasas, lo que quiere decir copagos, no debe ser la solución hasta que no consigamos reducir todos los gastos superfluos del sistema. Recortemos sólo donde sea necesario y de manera transparente. Garantizar una mejor sanidad requiere una mayor responsabilización de todos que se traduciría en cuatro medidas básicas: moderar el sobreuso; evaluar las prestaciones; generar transparencia y dar mayor autonomía de gestión e incentivos.