“No hay cabida para catálogos priorizados”

José María López

Madrid

Pregunta. Recientemente se aprobó el RDL 9/2011, ¿no se debería haber escuchado al sector?

Respuesta. El buscar la figura del real decreto-ley ha respondido a la urgencia y la imperiosa necesidad de producir efectos de control de reducción de la factura farmacéutica publica cuanto antes. Es obvio que el Real Decreto-ley 9/2011 como tal no se ha pactado, pero buscamos, y creo que lo estamos obteniendo, un diálogo permanente con el sector y el mayor consenso posible en la aplicación de estas medidas que, sin lugar a dudas, son difíciles para todos.

P. ¿Por qué se generaliza la PPA si todos los fármacos de un conjunto tendrán el mismo precio?

R. Hay que tener en cuenta que la Ley de Garantías ya hacía una opción por impulsar la PPA como una línea estratégica en política farmacéutica. Dicho esto, el principal objetivo es el de dispensar al menor precio, y creemos que la PPA es la manera mas directa y eficaz de conseguirlo. Además, la tiene otras cualidades: es lo que estudian los médicos, lo que se publica en las revistas científicas, lo que se debate en los congresos…

P. ¿Tiene este RDL la potestad de asegurar la unificación?

R. Yo no hablaría de potestad, sino de voluntad. Es una realidad que las comunidades estaban desarrollando medidas políticas específicas en un contexto económico difícil, intentando reducir su gasto farmacéutico y generando en algunas ocasiones situaciones de desigualdades. Esta es una de las razones importantes que nos ha llevado a sacar este real decreto-ley, que homogeneiza las políticas farmacéuticas en el país.

P. ¿Hay sitio para otras acciones, como catálogos priorizados?

R. Sinceramente, creo que no. Lo que hemos buscado es una política que responda a las necesidades tanto de la prestación farmacéutica como de la coyuntura económica. Por lo tanto, entendemos que no ha lugar a políticas como catálogos específicos o listados de precios diferenciados. Lo que haya que discutir y consensuar lo haremos, pero, desde luego, políticas de este calibre, como las que hemos visto apuntar últimamente, sinceramente en este momento no tienen cabida.

P. ¿Para qué casos considera el Gobierno que está justificada la excepción para la PPA?

R. Hay dos áreas de excepcionalidad. La primera, la terapéutica, cuando el profesional ve que a su paciente puede hacerle un perjuicio determinado un medicamento. El caso más clásico es de la alergia o intolerancia al excipiente. En estos casos o en otros, que tienen que ser siempre valorados por el médico de manera justificada, se podrá hacer una excepción.

P. ¿Y el otro bloque?

R. En el otro bloque, el ejemplo más claro es el de las mutualidades de funcionarios, donde los médicos pasan consulta en casa o en la clínica de un proveedor privado de servicios sanitarios, donde no hay sistemas de apoyo a la prescripción. Y la realidad es que muchos médicos seguirán prescribiendo por denominación comercial. Si declarásemos ilegales estas prescripciones generaríamos un grave problema en el mecanismo de prescripción y dispensación. El farmacéutico deberá dispensar el fármaco prescrito siempre y cuando esté a precio menor. Debería sustituirlo, a no ser que sea una excepción terapéutica, en cuyo caso habrá que dispensar el medicamento prescrito, aunque no esté a precio menor.

P. ¿Se ha consensuado alguna guía para homogeneizar estos puntos del RDL 9/2011?

R. Hay una voluntad generalizada y explícita por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Sanidad en elaborar criterios comunes y homogeneizar todo lo que se pueda la aplicación de los artículos. Así quedó claro en la última reunión de la comisión permanente de Farmacia que se celebró recientemente. Estoy convencido de que en pocas semanas vamos a llegar a acuerdos en la comisión sobre criterios comunes para aplicar aspectos que pueden dar lugar a mayor abanico de interpretaciones.