Redacción Madrid | viernes, 04 de enero de 2013 h |

La crispación provocada por los impagos de las facturas en 2012, un problema que se ha trasladado a 2013, ha llevado al colectivo farmacéutico valorar diversas acciones de protesta. Los cierres patronales, concentraciones o campañas informativas han sido las que se han puesto en práctica. Otras más drásticas, como el cobro al paciente el cien por cien del precio del medicamento recetado con cargo al SNS o negarse a dispensar fármacos con cargo al sistema, han sido hasta ahora descartadas por las dudas sobre su legalidad. Respecto a esta última, un informe de Juan de la Cruz Ferrer, profesor de Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid y socio director del despacho Lopez Rodó & Cruz Ferrer, consideraría “legal” esta medida si previamente la Administración ha incumplido el compromiso de pagar las facturas generadas.

El foco de este debate se localizaría en la naturaleza jurídica de los conciertos entre administraciones regionales y colegios de farmacéuticos. Según las conclusiones de este estudio, incluido en el libro La morosidad del sector público, los conciertos tienen una naturaleza “claramente contractual”, así como los derechos y obligaciones que en ellos se estipulan.

Ello supondría que la obligación de dispensar medicamentos financiados “es contractual y no legal e inexcusable, como se entiende con frecuencia”, indica De la Cruz. Así, “los farmacéuticos no tendrían que cumplir con esta obligación de dispensar que le impone el contrato si la otra parte que lo suscribe no cumple con alguna de sus obligaciones en el mismo, como sería el pago de las facturas”, puntualiza De la Cruz. Para ello se tiene que proceder a la denuncia previa del concierto.

Falta de jurisprudencia

Los tribunales no han contribuido a aclarar la naturaleza jurídica de los conciertos. A la ausencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo se une que los tribunales superiores de Justicia han fallado de forma dispar en litigios que abordaban, directa o indirectamente, la obligación de dispensar con cargo al SNS.

Un precedente significativo aconteció en Navarra en 2002. Como medida de presión a la tramitación de una ley, el colegio farmacéutico regional denunció el concierto vigente con su consejería de Salud, y su asamblea general acordó no dispensar medicamentos de forma total o parcialmente gratuita. El asunto acabó en los tribunales y la sentencia del TSJ de Navarra fue tajante: “La obligación de dispensación nace de las leyes nacionales que regulan la prestación farmacéutica y no del concierto”.

Un segundo pronunciamiento insistió en que “la extinción del concierto nunca conlleva la necesidad de pago íntegro por el usuario”. Otros tribunales autonómicos e incluso la Audiencia Nacional han considerado en sus sentencias que los conciertos farmacéuticos son “convenios de cooperación entre administraciones y no un contrato de prestación de servicios públicos”. Esta calificación todavía generaría más confusión sobre la legalidad de la negativa a dispensar si hay incumplimientos.

La mayor parte de estos litigios han acabado en el Tribunal Supremo, un órgano que ha evitado valorar explícitamente la calificación jurídica que efectuaban estas sentencias de los conciertos. No obstante, en la resolución de los recursos de casación planteados antes el Alto Tribunal si se realizan “manifestaciones y elementos de juicio” al respecto. Así, por ejemplo se alude a la “naturaleza contractual (de los conciertos), aunque no se rijan directamente por la Ley de Contratos”.