El Gobierno puso sobre la mesa el mecanismo para poner a cero el contador de la deuda autonómica: el aval del Estado tendrá un valor de 35.000 millones de euros, de los cuales 15.700 se destinarán a saldar las cuentas pendientes con los proveedores sanitarios. Pero la contrapartida es dura, y las comunidades deberán alcanzar este año un déficit del 1,5 por ciento, prácticamente la mitad del registrado en 2011. En la práctica, esto obliga a recortar 15.600 millones de euros. Y es que, no hay margen posible si se quiere alcanzar la reducción del déficit estatal al 5,8 por ciento.
Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno sigue enzarzado en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado más ajustados de la historia de la democracia, mientras los consejeros de Economía se aplican a una doble tarea. Por un lado, adherirse al mecanismo de financiación de la deuda antes del 1 de abril. Por otro, lograr la cuadratura del círculo en sus cuentas para este año y presentar su plan de ajuste antes del 30 de abril, ya que antes del 15 de mayo Sanidad deberá darles el visto bueno.
Para algunas comunidades, esta tarea será especialmente complicada. Por ejemplo, el ajuste del déficit en Castilla-La Mancha, que cerró 2011 en el 7,30 por ciento, supone que el gobierno regional de María Dolores de Cospedal tendría que tomar medidas por valor de 2.200 millones de euros. El plan de ajuste del gobierno manchego tenía previsto ahorrar 1.800 millones. Quedan 400 por recortar en la región.
Los esfuerzos se extenderán a muchas comunidades autónomas. Es el caso de Extremadura, la segunda que más se desvió el año pasado en su objetivo de déficit, tendrá que ahorrar 270 millones. Murcia 800; la Comunidad Valenciana 1.500; Cataluña 4.400…
Cifras desproporcionadas
El propio consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, que junto con su homólogo canario se abstuvo en la votación que aprobó bajar los déficit autonómicos hasta el 1,5 por ciento en la reunión del CPFF, reconoció que el objetivo es “realista, pero desproporcionado”. Más si se tiene en cuenta la experiencia de la Generalitat de Artur Mas, cuyos recortes acometidos hasta el momento solo han conseguido reducir el déficit en el equivalente a 0,9 puntos del PIB regional, y ahora se enfrenta a una reducción de cerca de dos puntos.
Por ello, parece que el objetivo autonómico para 2012 será difícil de cumplir si no se afronta el temor con el que los consejeros de Economía acudieron al Consejo de Política Fiscal: si se tiene en cuenta el peso de las partidas incluidas en el Estado de Bienestar, el compromiso de moderación exigido es inasumible si siguen sin tocarse la Sanidad y la Educación.
Por otro lado, no hubo menciones explícitas al copago, aunque, según Europa Press, la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguado, la única que votó en contra, varias comunidades sí plantearon que, dado que la prestación de servicios descansa sobre normativa básica del Estado por decisión del Gobierno, “se dijera si hay que adoptar cualquier medida de recorte de derechos o imposición de tasas de algún tipo”. De hecho, a su salida del Ministerio de Hacienda, descartó implantar en Andalucía el copago sanitario para cumplir con el límite de déficit.
Sea como sea, los cimientos económicos del nuevo Estado de Bienestar, que suman puntos a la apuesta de una desfinanciación de medicamentos en el SNS, tendrán que decidirse en cuestión de semanas. Las comunidades aseguran que antes de precisar las medidas hay que esperar a los Presupuestos Generales del Estado para ver en qué medida se verán afectadas las cuentas regionales.
Algunas, como la valenciana, son optimistas y creen que es posible cumplir su parte del objetivo sin recortes de prestaciones sociales. La gran duda, sin embargo, es qué comunidad autónoma será la primera en abrir fuego con nuevas medidas de ajuste a corto plazo.