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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que ha comenzado a trabajar con las comunidades autónomas en el Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales anunciado la semana anterior durante su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados (ver GM nº 408) .
Esta vez, ha sido en otro escenario, el pleno del Senado, en el que Mato contestaba el martes pasado a una pregunta del senador socialista Roberto Lertxundi sobre el respaldo del gobierno a las “actuaciones catalanas para reducir las características de público, universal y gratuito del Sistema Nacional de Salud”.
En su intervención, Mato reafirmó el compromiso del gobierno con un modelo de sanidad “público, universal, gratuito y de calidad para todos los españoles” y recordó que han sido líderes socialistas como Felipe González, Julián García Vargas o Marina Geli, quienes abrieron el debate del copago.
La ministra insistió en que lo que no se puede hacer es “mantener un sistema altamente valorado por todos los ciudadanos a base de no pagar a proveedores y esconder facturas en el cajón”, de ahí la necesidad de “impulsar el pacto”.
Por su parte, el senador socialista mostró su inquietud por la “preocupación de la ciudadanía ante declaraciones de dirigentes del Partido Popular que ponen en duda las características básicas del sistema”, y expresó su malestar por el hecho de que comunidades como Galicia, Murcia, Madrid o Cataluña —donde insistió en la aprobación de una cofinanciación, pese a la negación del PP— se esté cargando sobre los usuarios una parte de la sostenibilidad del SNS que “antes no tenían”.
Lertxundi recalcó que “el impuesto sobre la enfermedad es inadmisible, pero lo es todavía más que se compare con la tasa turística o el peaje”.
Perspectivas negativas
Ajenos al debate político, los ciudadanos creen que la asistencia sanitaria empeorará en 2012, según el Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 55,2 por ciento piensa que irá a peor, frente al 21,5 que opina que se mantendrá y un 16,5 por ciento que asegura que mejorará pese a la crisis. La ministra de Sanidad tampoco aprueba por ahora, con una nota del 4,7 que la sitúa en el octavo puesto entre los miembros del gobierno.