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En más de 2.171 millones de euros estima el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la deuda sanitaria que las Administraciones Públicas mantienen con el sector privado y concertado. El desglose de esta cifra —obtenida de la extrapolación de los datos de facturación, deuda y periodo medio de pago de una muestra de 100 hospitales privados de España— revela la distribución de la deuda acumulada en 2009, que corresponde en 709 millones de euros a conciertos sanitarios con la red pública y 1.462 millones a clínicas privadas propiamente dichas, mientras que la deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) y con el sector de la tecnología Sanitaria —la deuda denominada “visible”— a 31 de diciembre de 2011 alcanzaba los 11.599 millones de euros.
Por ello, el secretario general del IDIS, Juan Abarca, ha vuelto a aprovechar la presentación de estos datos —incluidos en el informe “Deuda pública con el sector sanitario privado”— para reivindicar el aumento de los niveles de colaboración y complementariedad de los sistemas público y privado pues, a su juicio, fomentando la integración se evitarán duplicidades en el consumo de recursos que generan ineficiencias y gastos innecesarios y se facilitará que quien opte por el copago voluntario descargue del máximo gasto posible SNS.
Abarca ha explicado que existen dos elementos clave sobre los que hay que poner una atención especial a la hora de calcular el impacto real de la deuda sanitaria pública en el sector privado: el ritmo de crecimiento de la deuda vencida y el importe total de la misma. Así, esta ha crecido a un ritmo superior al 30 por ciento en el último año y de los 15.700 millones de euros de deuda total el 74 por ciento corresponde a deuda vencida —unos 11.620 millones— que debería haber sido liquidada según los límites de pago establecidos legalmente, por lo que si se aplicase el tipo de interés de demora correspondiente al primer semestre de 2012, los intereses anuales que la Administración pública deberían pagar a los proveedores sería 930 millones. En este sentido, sólo País Vasco y Navarra se aproximan al plazo máximo de pago exigido por la legislación en lo que a deuda visible se refiere, según el documento del IDIS.
Para normalizar la situación, esta entidad insiste en la necesidad de conocer en detalle el importe que la Administración adeuda al sector sanitario privado en su totalidad, establecer después un plan de pagos para la deuda vencida y mecanismos que permitan la financiación de las empresas hasta el momento del cobro, normalizando el pago de los suministros y servicios ofrecidos en el año 2012 y asegurando unos periodos de pago comunes para todos los proveedores.