C.S. Madrid | viernes, 09 de enero de 2015 h |

En los últimos cinco años, el número de fármacos oncológicos aprobados por las agencias evaluadoras se ha incrementado en un 19 por ciento. Todo ello choca, por un lado, con la dificultad que entraña la elección de una línea terapéutica u otra por parte de los profesionales y las dificultades económicas de las administraciones sanitarias.

“Hay que mirar con mucho detenimiento cuáles son los pacientes que se van a tratar con un determinado fármaco” y los beneficios que van a obtener, aseguró Jesús García-Foncillas, director del Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid, durante el debate ‘Evaluación de la innovación en oncología’, organizado en la sede del grupo de comunicación Wecare-u y con el patrocinio de Ipsen Pharma. Y esto es así, prosiguió, porque “desgraciadamente” existe un trasfondo economicista detrás.

Los expertos acordaron que, cuando el coste de un medicamento es reducido, las trabas son menores para que los pacientes puedan tener acceso a él. No obstante, el panorama cambia, tal y como planteó Ricardo Cubedo, del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, cuando el precio es muy elevado. “Se quiera o no, la sanidad tiene un coste real, no es ilimitada y el Estado puede pagar hasta un límite”, subrayó García-Foncillas.

De hecho, la situación de crisis económica parece haber reavivado las diferencias asistenciales en el ámbito de la oncología, lo que influye en el retraso tanto de la aprobación de nuevos fármacos como de segundas indicaciones. “Hay una necesidad de incrementar la eficacia clínica de los fármacos oncológicos para que sean autorizados”, comentó Eva González-Haba, del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Además, prosiguió, se cuenta con publicaciones que indican, dependiendo de la duración de la enfermedad, qué umbral se debería de considerar para incorporar realmente los tratamientos a la practica clínica.

Todo este abanico de posibilidades y el desarrollo de avances terapéuticos es, a juicio de García-Foncillas, una oportunidad de contar con nuevas dianas y ver cómo yugular su efecto en el proceso de la carcinogénesis. De este modo, se abren nuevas vías para identificar cuáles son los pacientes que mejor responden. En esta línea, el especialista resaltó que los biomarcadores permiten conocer mejor qué pacientes tienen una mayor probabilidad de alcanzar respuestas positivas, porque “cada vez son más precisos”.

Todos los tratamientos de inmunoterapia que se plantean ahora mismo abren un camino que no existía antes, indicó García-Foncillas. No obstante, requieren un rethinking acerca de cómo se evalúa la respuesta a los mismos, ya que no es la misma que se puede plantear con quimioterapia, añadió.

En este sentido, los expertos recalcaron en que una vez que los medicamentos demuestran un beneficio deberían incluirse rápidamente en la clínica y más aún, como dijo García-Foncillas, cuando consiguen aumentar la supervivencia “con la mínima merma de la calidad de vida”.

Idea subrayada por el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), José Luis Poveda quien aseguró que “si un fármaco ofrece avances significativos en relación a la terapéutica que venía siendo empleada, sin duda debe estar disponible para los pacientes”, si bien, reconoció que si su inclusión en el SNS repercute en los presupuestos, deben introducirse elementos de valoración de carácter económico para su priorización.

Por su parte, González-Haba indicó que, en ocasiones, las segundas indicaciones huérfanas están más bloqueadas para su inclusión en el SNS que algunos fármacos nuevos en primera indicación. “Deberíamos mirar el valor real que pueden aportar a nuestros pacientes y, si es relevante, lo tendremos que incorporar con agilidad”, apostilló. En ese punto, Cubedo destacó que los agentes reguladores son capaces de diferenciar “muy bien” entre aquellos fármacos que demuestran superioridad sobre otros que ya están comercializados. No obstante, “muchas veces presentan barreras científicas, cuando lo que realmente hay detrás es una cuestión de contención de coste”, afirmó.

En referencia a la posibilidad de que se dejen de investigar segundas indicaciones huérfanas por el desincentivo que supone que se revisen los precios de los fármacos a la baja, Poveda subrayó que para que esto no suceda son necesarias tanto medidas a nivel estatal como marcos de colaboración con la industria.

Diferentes pasos

Los asistentes analizaron la función de evaluación que realizan las agencias europeas y consideraron que era “impecable” y “excelente”. Sin embargo, el aspecto de coste-eficacia de los fármacos parece que no queda bien recogido. “A veces el coste se omite y se disfraza sólo de eficacia”, advirtió Cubedo, quien, además, precisó que el ministerio de Sanidad es el agente responsable que debería encargarse de esa evaluación y de ofrecer los argumentos que llevan a decidir por qué unos fármacos se pagan y otros no.

A su vez, García-Foncillas apoyó la idea de su compañero y afirmó que “si la evaluación científica de eficacia la hace la EMA, lo único que podría competer a un gobierno es, en base al PIB del país, si dicho fármaco ha demostrado eficacia y si tiene sentido introducirlo en el sistema o no en función de la coste-efectividad que traerá consigo”.

Respecto al papel que hacen las comisiones de farmacia y su efecto “reevaluador” González-Haba señaló que, en el protocolo que se sigue en el servicio de Farmacia Hospitalaria del Gregorio Marañón, se incluyen criterios económicos pero respetando siempre las características individuales de los pacientes y del tumor. “En estos momentos, tenemos muchos ensayos clínicos, en los que intentamos incluir el mayor número de pacientes, lo que permite conseguir el máximo beneficio al menor coste”.

Cubedo intervino para dejar constancia de una idea compartida por la mayoría de profesionales: “No todo lo que es útil hay que pagarlo”. Puede ocurrir que haya opciones seguras, eficaces, beneficiosas, pero que no puedan ser sufragadas por la economía de España. “Alguien tiene que tener el arrojo de decirlo”, apostilló.

Ricardo Cubedo, del Hospital Puerta de Hierro

La asignación de coste-beneficio de un fármaco a nivel ministerial falla porque no existe filtro y esto hace que aparezcan problemas que podrían evitarse si hubiese una función más eficaz”

Eva González-Haba, del Hospital Gregorio Marañón

Estamos obsesionados por homogeneizar y aunque como objetivo lo veo fasntástico la realidad es que nuestra práctica clínica es muy heterogénea y no solamente cuando se trata de fármacos de alto impacto”

Jesús García-Foncillas, del Hospital Fundación Jiménez Díaz

O se apuesta por la investigación pública de fármacos o no se puede pretender que otros investiguen y después querer unos precios que no permitan recuperar la inversión para el I+D siguiente”

José Luis Poveda, presidente de la SEFH

Los Informes de Posicionamiento Terapéutico deben hacer partícipes a los profesionales sanitarios cualificados para que aporten una visión más cercana a la práctica clínica”