Apenas dos días después de su toma de posesión, la nueva consejera de Salud de Andalucía, María José Sánchez, se ha encontrado con el primer ‘barrizal’ jurídico que ha dejado la estela de su predecesora, María Jesús Montero. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía emitió el pasado 12 de septiembre una resolución por la que suspendía cautelarmente el concurso público de medicamentos por Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). La decisión respondía a los recursos de ocho compañías farmacéuticas (Baxter, Amgen, Biogen Idec, Merck, Roche, BMS, Novartis e Ipsen), Farmaindustria, Asebio y la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo), que coinciden en apreciar un incumplimiento “de modo flagrante de las normas sobre adjudicación de contratos públicos” en Andalucía.
El tribunal, que depende de la consejería que precisamente estrena ahora Montero, Hacienda y Administración Pública, no paraliza el calendario estipulado por el acuerdo marco, por lo que las compañías que deseen presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, la Junta no podrá proceder a las adjudicaciones hasta que el TARC resuelva sobre el fondo del asunto. “Por ley tienen 40 días a partir del último recurso recibido, pero van con retraso y será difícil que resuelvan antes del 30 de septiembre”, aseguran expertos en Derecho Farmacéutico.
Las reacciones de la consejería de Salud a la resolución emitida por el tribunal no se hicieron esperar. Así, desde el departamento que ahora dirige Sánchez se restó importancia a la resolución emitida en la tarde del jueves por el tribunal. “La suspensión cautelar notificada no va en contra del procedimiento, en tanto en cuanto el tribunal aún no ha entrado en el análisis de los recursos interpuestos contra esta medida”, aseguraron. De hecho, y tal y como recoge la resolución, la Junta de Andalucía “no ha presentado alegaciones sobre la adopción de las medidas solicitadas” en el plazo de dos días que tuvieron.
Desde el otro lado de la barrera, las patronales recurrentes mostraron su satisfacción por la resolución del tribunal. “Era previsible y razonable que esto ocurriera dado el elevado número de recursos presentados”, comentan desde Asebio. En este sentido, añaden que están “satisfechos por esta decisión tomada por el tribunal y por haberse pronunciado en tan poco tiempo”.
Por su parte, desde Farmaindustria mostraron más cautela. “Estamos contentos, pero aún queda la decisión final. En cualquier caso, y como siempre, respetamos siempre las decisiones judiciales”, afirmaron desde la patronal. Asimismo, Fedhemo también expresó su “tranquilidad por la decisión del TARC y por no poner en riesgo el tratamiento de los pacientes”.
Cambio de cara, ¿y de ideas?
Habrá que esperar un tiempo hasta conocer cuál será la línea que Sánchez implantará en la consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Su llegada al Gobierno andaluz ha venido precedida de la doble apuesta que la presidenta regional, Susana Díaz, lanzó en su discurso de investidura, para priorizar el empleo y el mantenimiento de las políticas sociales. Aunque la consejera ya ha tendido el brazo para dialogar con todos los agentes, incluidas las formaciones políticas, varios factores permiten suponer que no habrá grandes cambios en política farmacéutica.
La propia continuidad de Montero en un ejecutivo regional lleno de caras nuevas debe interpretarse como un espaldarazo a la línea emprendida por la hasta ahora consejera de Salud. Convertida tras la remodelación en una de las figuras fuertes del nuevo gabinete, el peso de Montero a la hora de cumplir con los objetivos de déficit se hará notar en todos los departamentos. Pero si es importante el apoyo de la nueva presidenta regional, no lo es menos el saber que la satisfacción de los andaluces con su sistema sanitario es la mayor de todo el país, según puso de manifiesto el Barómetro 2012 del CIS.
En el terreno farmacéutico en particular, no parece previsible pensar que la nueva consejera vaya a dar un giro radical a la estrategia de las subastas. No solo se ha convertido en uno de los leitmotiv del Grupo Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, sino que ha permitido a la consejería de Salud andaluza erigirse como la ‘alternativa’ a la política sanitaria del PP. Este interés en demostrar que “se puede gobernar de distintas formas y priorizando los servicios públicos” es el mismo que Sánchez defendió en una entrevista concedida a Radio Granada nada más conocerse su puesto en el ejecutivo regional.
¿Habrá cambios en Farmacia?
La estrategia andaluza en Farmacia se resume en dos puntos. Por un lado, en la manera en que la consejería de Salud ha gestionado el copago farmacéutico por renta implantado por la ministra de Sanidad, Ana Mato. Andalucía fue la primera comunidad en respetar los topes de aportación, algo de lo que ha presumido desde un principio y que ha evitado que los pensionistas andaluces hayan tenido que adelantar más de 34 millones de euros en un año.
Pero la comunidad autónoma insiste en que aplica el copago porque no tiene más remedio. Las subastas son una extensión del éxito de la prescripción por principio activo (PPA) en la región. Los últimos datos de este sistema que aparecen en la web de la Consejería de Salud indican que la tasa de PPA superó en enero y febrero de este año el 93 por ciento.
Además de una evolución del sistema de prescripción por principio activo, las subastas continúan siendo la gran alternativa andaluza en su estrategia de oposición permanente a las decisiones del ministerio, y continúa pendiente de fallo judicial en el ámbito de Farmacia. Está por ver si la decisión del TARC, el ofrecimiento de diálogo de la nueva consejera y el interés que el sector farmacéutico ha manifestado en tratar con ella este asunto en particular conllevará, o no, algunos cambios en esta estrategia.
