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La publicación en el Boletín Oficial del Estado del pasado martes del real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ha puesto a trabajar antes de tiempo a los departamentos jurídicos de sindicatos y organizaciones profesionales.
Tras la reunión del Interterritorial de la que saldrían las medidas para ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad, nada hacía presagiar que en esta primera norma se recogieran avances sustanciales en recursos humanos (RR.HH.). De hecho, la ministra de Sanidad, Ana Mato, apenas esbozó dos ideas, el impulso al registro y la creación de un catálogo de categorías profesionales que permita su movilidad, y emplazó a la próxima reunión del consejo para desarrollarlas, sobre las aportaciones de los grupos de trabajo de RR HH (ver GM, nº 418).
Sin embargo, las poco más de cuatro páginas del capítulo 5 del real decreto que recogen las primeras medidas en esta materia han caído como un jarro de agua fría a los representantes sindicales del sector, que han comprobado, sin dar crédito, la obsesión del Ejecutivo por adoptar reformas que afectan directamente a políticas salariales y laborales ignorando su papel.
Los portavoces sindicales han encontrado sorpresas “desagradables”, como la integración, a golpe de decreto, del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas como personal estatutario antes de finales de año, en procedimientos que deberán articular las comunidades.
Hasta ahora, el proceso de integración ha sido una opción voluntaria para los trabajadores, que no tendrán alternativa. Si optan por permanecer en activo en su actual situación, se adscribirán, según el texto, a órganos administrativos que no pertenezcan a instituciones sanitarias públicas, un callejón sin salida para quienes han renunciado durante casi 30 años a los concursos de traslados para no perder su estatus de funcionario, como también denuncia el vocal de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial, Antonio Fernández Pro.
Ante esta situación, la OMC no descarta presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. También cuestiona el impacto económico de esta medida, que afecta, según sus cálculos, a entre 4.000 y 6.000 profesionales y en el que están representados los llamados médicos titulares o de asistencia pública domiciliaria (APD). Medidas legales que estudia igualmente la Confederación de Sindicatos Médicos, cuyo secretario general, Patricio Martínez, valora incluso la posibilidad de plantear una queja ante el Defensor del Pueblo por los contenidos.
Cupo y zona
Además, el real decreto pone punto y final a los médicos de cupo y zona, un colectivo residual en comunidades como Cataluña y Andalucía, con contratos de dos horas y media, cuyo final también contempla el texto. “Habrá que ver si es constitucional ‘cargarse’ a dos estamentos médicos”, apunta Martínez, que recuerda que hasta ahora los de cupo y zona han recurrido con éxito ante los tribunales todos los intentos de incorporarles de forma no voluntaria al estatuto.
Tanto el secretario general de la Federación de Sanidad de Servicios Sociales de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera, como la secretaria de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pilar Navarro, se quejan de la falta de concreción de estas medidas. “¿Cómo quedan los profesionales?, ¿qué pasa con los trienios? Quienes se tengan que integrar tendrán que saber cuáles son sus condiciones…”, critica Cabrera. Mientras Navarro insiste en que el tono de “o lo tomas, o lo dejas” resulta preocupante.
También inquieta el desarrollo final de otro punto del texto que anuncia como elemento fundamental en el apartado de retribuciones “la evaluación del desempeño del personal estatutario”, que deberá establecerse “a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia”. Pilar Navarro recuerda que en el ámbito estatutario ya existe productividad variable ligada a los objetivos, y que el concepto de “desempeño” corresponde al estatuto básico del empleado público, sin dejar de mencionar la arbitrariedad y la falta de definición de los objetivos.
Invasión de competencias
Cabrera cuestiona si quieren dar carácter básico a las retribuciones, como ha sucedido con la jornada laboral, restando así competencias a las comunidades, y apunta su sospecha de que el aumento de la retribución variable persiga la única intención de bajar los sueldos, no de mejorar la calidad.
El diálogo es clave en un momento en el que incluso medidas aparentemente positivas y respaldadas por los sindicatos, como la creación del registro o el catálogo de categorías profesionales, despiertan suspicacias, por el uso que se pueda hacer de estas herramientas de planificación, advierten. No en vano, no acaba de encajar que estas fórmulas de “reorganización y eficiencia” puedan suponer un ahorro de 500 millones de euros, como recoge la memoria económica del real decreto a la que ha tenido acceso GM.
Incógnitas y recelos que, en opinión de todos, deberían despejarse de una vez por todas con la convocatoria de la mesa sectorial de Sanidad, un espacio propio de negociación que Ana Mato todavía no ha reunido y del que, a día de hoy, siguen sin tener noticias.
