Iniciativas como el cataloguiño, las subastas, el borrado de marcas o la salida de DH del canal farmacia se unieron a los recortes de los RDL de 2010

La falta de fondos en las arcas autonómicas han provocado que muchas comunidades no hayan podido hacer frente a su factura farmacéutica

| 2011-07-22T16:18:00+02:00 h |

Durante este ejercicio han aparecido en el panorama farmacéutico español nuevas caras. Este fue el caso de, por ejemplo, el presidente del COF de Toledo, Manuel Toledano, que sustituyó a Ana María Victoria Montalvo; el de Guadalajara, Francisco José Muñana, que hizo lo propio con Tomás Martínez de Anca; la de Cuenca, Marta Martínez, que dio el relevo a Alfredo Monteagudo; o la de Práxedes Cruz, que tomó el testigo de Fernando Grande al frente del COF de Córdoba.

Entre las caras nuevas que han irrumpido en el último curso se encuentran también las de Marta García, que relevó al frente de la vocalía nacional de Análisis Clínicos a Apolinar Serna, o la de Stefano Dessena, que sustituyó a Joaquim Fausto Ferreira al frente de la dirección general de Alliance Healthcare España.

Por otro lado, algunos representantes de los farmacéuticos españoles renovaron al frente de sus cargos durante este curso. Este fue el caso de los presidentes de los farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela; Albacete, Rosa López; Ciudad Real, Julian Creis; Navarra, Pilar García; Almería, Pepita Ortega; o Murcia, Prudencio Rosique.

J. N.

Madrid

En un curso que ha tenido como fin de fiesta las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial, que volverán a impactar sobre las boticas, la sombra de los RDL 4/2010 y 8/2010, que ha significado un impacto de 2.855 millones de euros anuales al sector del medicamento (un 14 por ciento de la facturación), se ha alargado sobre la farmacia española. Un periodo en el que los efectos de estos ‘tijeretazos’ del Gobierno Central se han hecho notar en las economías de los distintos agentes del sector, que han visto como a ellos se sumaban distintas iniciativas regionales para tratar de paliar la difícil situación de las arcas públicas autonómicas.

Así, durante este curso que ahora se cierra se han puesto en marcha ideas para recortar en gasto farmacéutico como el cataloguiño gallego, las subastas de fármacos andaluza, el borrado de marcas en Murcia, Castilla-La Mancha y País Vasco o la salida de medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) del canal farmacia en varias comunidades autónomas. Unas actuaciones que han derivado en la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno contra el cataloguiño gallego; en la preparación de un decreto de la Junta de Andalucía para sacar las subastas de fármacos una vez que los farmacéuticos se negaron a incluirlas en el nuevo concierto; o en el anuncio del Ministerio de Sanidad de tratar de crear un listado común de DH que salgan del canal farmacia.

A este respecto, el presidente de la patronal estatal de oficinas de farmacia, FEFE, Fernando Redondo, manifestó “las comunidades autónomas se han excedido de sus competencias, es imposible sacar más de donde no hay y nos obligan a trabajar en un escenario de incertidumbre, de indefensión total, debido a sus iniciativas”. Para él, que calificó el curso como “annus horribilis, para olvidar”, las farmacias “han perdido capacidad económica, hay un riesgo real de perder empleo y poca capacidad de hacer inversiones”.

Con Redondo coincidió el presidente de la patronal de la distribución, Fedifar, Antonio Mingorance, que señaló que “con el argumento de que no hay dinero suficiente por la crisis, los gobiernos autonómicos toman una serie de medidas de recorte de la factura farmacéutica que rozan la ilegalidad y que, sobre todo, están originando la fractura de la prestación farmacéutica en España”. Unas iniciativas que, según él, “tienen graves repercusiones en la economía de las empresas del sector, que son generadoras de empleo y riqueza”.

Rechazo

Estas iniciativas autonómicas motivaron que, por primera vez, toda la comunidad del medicamento (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Fedifar, Farmaindustria y Aeseg) se uniesen para exigir a las diferentes administraciones sanitarias el mantenimiento de la unidad, cohesión e igualdad de acceso a los medicamentos en España. Y lo hicieron a través de su adhesión a un “Manifiesto por la sostenibilidad y la cohesión de la prestación farmacéutica”, en el mostraron su rechazo a las diferentes iniciativas adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas, que ponen restricciones a esa prestación farmacéutica.

Y es que, además la inequidad en el acceso a los medicamentos que denunciaron en este manifiesto los diferentes agentes del sector, y de considerar que estas iniciativas transgredían el marco normativo que establece que la prestación farmacéutica y sus condiciones (cobertura, precios y márgenes) son fijadas por el Ministerio de Sanidad para toda España, la realidad ha sacado en este curso los colores a muchas autonomías. Unos colores que se han visto traducidos en impagos de la factura farmacéutica.

En este sentido, además de retrasos como los que se han producido en regiones como Baleares, Comunidad Valenciana y recientemente en Castilla-La Mancha, la gravedad de esta situación se pudo ver reflejada en el caso de Murcia. En esta autonomía el colectivo farmacéutico tuvo que avalar con su propio patrimonio al Gobierno regional para poder cobrar la factura a las oficinas de farmacia: una deuda de 200 millones de euros correspondiente a seis meses de impagos.

Para Redondo los impagos suponen “el postre a los recortes, que han provocado un descenso del 30 por ciento en el beneficio bruto de la farmacia, nos encontramos con un escenario de impagos”. Algo que calificó como “grave, porque el farmacéutico siempre quiere dar la prestación farmacéutica pero si seguimos por este camino…”. Unos impagos que desde Fedifar se ven “con enorme preocupación, porque “se está poniendo en riesgo la supervivencia de algunas farmacias y se podría colapsar el sector”.

Y es que, tanto Redondo como Mingorance consideran que se tratan de medidas que no solucionar el problema. “Son medidas que no sirven de nada porque no son reformas estructurales”, precisó el presidente de FEFE. Algo con lo que coincidió Mingorance: “Además de medidas estructurales, los gobiernos autonómicos y central deberían priorizar las inversiones en sanidad y dedicarle el dinero suficiente para sufragar un servicio de primera calidad como es el que presta el SNS”.

Real Decreto de distribución

¿Otros asuntos que han afectado al sector? Los cantos de sirena liberalizadores a los que han sucumbido tanto Portugal como Italia, “se darán cuenta de que es un error y que luego es difícil dar marcha atrás”, indicó Redondo; el convenio para las oficinas de farmacia, que sigue pendiente; las próximas elecciones en el seno de Fedifar, pendiente de confirmar la fecha; la puesta en marcha de la unidosis, que ha tenido poca presencia en las boticas…

Sin embargo, uno de los asuntos recientes que ha sido bien acogido por el sector, aunque contó con la oposición de Farmaindustria, fue la salida del primer borrador de Real Decreto de Distribución, un texto inicial que incluye la garantía de suministro a los almacenes. A este respecto, Mingorance precisó que “lo más destacado de este primer semestre del año para la distribución ha sido la entrega por parte del Ministerio de Sanidad del primer borrador del proyecto de real decreto que regulará nuestro sector y, sobre todo, que éste recoja el tan reivindicado derecho de los almacenes de gama completa a ser suministrados por los laboratorios”.

Una satisfacción, que también dio la directiva antifalsificación de medicamentos, que contrasta con otros texto legales pendientes de aprobación, como el proyecto de Ley de Salud Pública, que ya está en el Congreso, o el Real Decreto de Trazabilidad, cuyo piloto no dio resultados no concluyentes.