La EPHA, el Foro Europeo de Pacientes y HAI Europe exigen un listado de precios reales para que todos puedan negociar el precio más bajo

Eurordis teme que los Estados miembro puedan utilizar la revisión de la Directiva de Transparencia para dar cobertura legal a sus retrasos

| 2011-09-09T16:20:00+02:00 h |

Un peligro potencial se oculta tras la revisión de la Directiva de Transparencia. Los pacientes temen que los Estados miembro puedan utilizar esta actualización para ampliar el tiempo máximo previsto de 180 días para adoptar las decisiones de precios y reembolso y dar así cobertura legal a los retrasos que en algunos casos supera con creces los 180 días.

La situación preocupa particularmente al colectivo de enfermedades raras. La organización que los agrupa, Eurordis, asegura que en 2010 el tiempo medio en el caso de los medicamentos huérfanos estaba en 334 días. Según la última encuesta Eurordis, solamente cuatro países respetaron el plazo legal.

Estos retrasos tienen un impacto claro para los pacientes: para aproximadamente uno de cada diez en la UE, un medicamento huérfano autorizado está oficialmente no disponible. Eurordis cree que es necesario armonizar la situación. Sin embargo, añade que si revisar la directiva se traduce en una situación más problemática para el colectivo sería mejor no tocarla.

carlos b. rodríguez

Madrid

La transparencia de los precios es clave para mejorar, no solamente el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles, sino también la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Sin embargo, y en contra de lo que señala su propio título, la Directiva de Transparencia ha fallado hasta ahora en su mandato de garantizar, con luz y taquígrafos, la accesibilidad de la información que rodea la toma de decisiones sobre precios y reembolsos. Así lo ponen de manifiesto diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito de los usuarios del sistema sanitario. Los pacientes ven en la posible revisión de la directiva una oportunidad de oro para acabar con el secretismo existente en torno a los precios que los aseguradores pagan por los medicamentos.

Actualmente, el proceso de determinación de los precios limita las oportunidades de comparar los precios. “Sin saber lo que otros están pagando, los compradores no pueden negociar por el precio más bajo”, argumenta Health Action International (HAI) Europe, una red europea sin ánimo de lucro formada por consumidores, ONG, proveedores del servicios de salud.

Es lo mismo que la Alianza Europea por la Salud Pública (EPHA) manifiesta desde que se produjo la pandemia del virus H1N1 en 2009. A este respecto, la EPHA argumenta que algunos estados incluyeron cláusulas secretas en sus contratos mientras otros, carentes de toda la información completa, fueron incapaces de negociar efectivamente los precios de adquisición de las vacunas.

Es cierto que actualmente la Comisión Europea obliga a cada estado a facilitar un listado detallado de los medicamentos que cubre su sistema de seguridad social, pero estas organizaciones ven en este sistema fallos de fondo y forma. Desde la forma, la EPHA ha pedido un programa de actualizaciones más ambicioso que permita pasar de una a dos revisiones de precio por año.

Desde el fondo, HAI Europe señala que este catálogo no refleja la transacción real de precios debido a una serie de estrategias: en Alemania, las compañías conceden descuentos a los aseguradores a condición de que el precio real no se publique. En otros países, son las bonificaciones y los mecanismos de riesgo compartido los que, de alguna manera, ponen trabas a la transparencia de los precios. HAI insiste en la necesidad de conocer los precios reales, más que un simple catálogo o listado orientativo de los mismos.

Todo ello formaría parte de una nueva gobernanza a la que hace referencia el Foro Europeo de Pacientes (EPF). Esta organización insiste en la necesidad de que todos los agentes del sistema, incluidos los pacientes, participen en la evaluación y toma de decisiones, que incluye la evaluación de las tecnologías sanitarias, cuyo uso es cada vez más decisivo en las decisiones de precios y reembolsos.

Tiempos límite

La sociedad civil encuentra otro punto de encuentro en su preocupación por los tiempos límite previstos en la directiva. Y aunque hace referencia a la necesidad de acceder a tiempo y en igualdad de condiciones a todo tipo de medicamentos, el mayor número de referencias es para los genéricos.

Los pacientes comparten la petición de esta industria (ver EG núm. 531) de ir al automatismo en las decisiones una vez se ha perdido la patente, y lo apoyan con datos. El EPF hace referencia a un estudio holandés, según el cual el impacto de un retraso medio de 7 meses en el acceso a los medicamentos resulta en la pérdida de 20.000 años de vida saludables y en un incremento de más de mil millones de euros en costes para la industria, los pacientes y los sistemas sanitarios. Además, afirma que podrían ahorrarse 13.000 millones si los genéricos entraran en el mercado sin retraso.

HAI cita una investigación belga llevada a cabo en 11 países europeos que demostró que la sustitución de genéricos para diez principios activos mostró una reducción del gasto público en esos fármacos de entre el 21 y el 48 por ciento. Debido a que los genéricos pueden liberar los presupuestos públicos de un excesivo gasto farmacéutico, estas organizaciones no entienden unos retrasos en las decisiones de precio y reembolso que a su juicio pueden estancar innecesariamente el acceso a fármacos más baratos.