carlos b. rodríguez Madrid | viernes, 21 de febrero de 2014 h |

Después de dos meses de negociaciones, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados apenas sí han avanzado en unos acuerdos que puedan traducirse en un pacto político por la Sanidad. Encallado por las diferencias en torno a los cambios establecidos en el Real Decreto-ley 16/2012, el dictamen de la subcomisión creada en la Cámara Baja para analizar los problemas estructurales del sistema sanitario y las reformas necesarias para garantizar su sostenibilidad se encamina, como mucho, a un consenso de mínimos que podría concretarse en la siguiente comisión de Sanidad, en torno al 12 ó 13 de marzo.

En principio son dos los motivos que han obligado a adoptar la decisión unánime de aplazar la votación: por un lado, la urgencia del Gobierno en aprobar la Ley de Consumidores y Usuarios implicaba llevar a la misma comisión de Sanidad del Congreso dos asuntos que, según el portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Baja, Rubén_Moreno, son “muy importantes y no se podían mezclar”. A ello se unía la proximidad del Debate sobre el Estado de la Nación, que tendrá lugar los días 25 y 26 de febrero. Los grupos llevan días preparando sus propuestas de resolución, motivo por el cual el presidente de la comisión, Mario Mingo, consideró que la negociación que se abrió en torno al dictamen de la resolución no estaba lo suficientemente maduro.

Que el tiempo no debe ser inconveniente también es algo que comparte José Martínez Olmos. Según explica el portavoz de Sanidad del PSOE, es fundamental “para agotar todas las posibilidades de acuerdo”. Sin embargo, los problemas de agenda del Congreso no ocultan el problema de fondo que sigue persiguiendo a la votación del dictamen. Lo cierto es que no se ha avanzado casi nada en los dos meses que han transcurrido desde que se anunció la prórroga de la votación, a mediados de diciembre. Toni Cantó, vocal de UPyD en la subcomisión, espera un documento de consenso, aunque vaticina que, de hacerse realidad, incorporará pocas de las enmiendas de su formación.

Hasta el momento, las negociaciones se han producido en forma de contactos bilaterales entre el grupo mayoritario y el resto. Lo más difícil llega ahora, cuando toque ponerlo todo en común. “En marzo la cosa o avanzará o se estancará y se acabará”, reconoce Concepciò Tarruella, portavoz de CiU e impulsora de la subcomisión. De sus reuniones bilaterales con el PP, CiU afirma que se han acercado posturas en algunos puntos, pero que continúan distantes en otros “prioritarios”. Estos últimos son todos los relativos al 16/2012, que siguen dividiendo en dos al Parlamento.

El mayor punto de desencuentro, para CiU, es la universalización. El PSOE lo amplía a tres: “Aún es prematuro saber si lograremos que el gobierno acepte volver a la universalidad, revisar la aplicación de los copagos en los pensionistas o cerrar el paso a la privatización de la sanidad, que serían las cuestiones que para nosotros son centrales”, reconoce Martínez Olmos. La portavoz del PNV, Isabel Sánchez, también plantea tres cuestiones estratégicas irrenunciables, que en caso de no ser aceptadas provocarán el voto en contra del Grupo Vasco: la desaparición de los copagos en el ámbito sanitario; el respeto explícito al bloque de constitucionalidad y el reconocimiento de la universalidad de la Sanidad.

Avance imposible

Precisamente muchos de estos puntos siguen vaticinando un consenso imposible. La semana pasada, el desencuentro tuvo lugar en la otra cámara parlamentaria. El Senado votó dos mociones del grupo parlamentario socialista, una relativa a los copagos y otra a la universalidad de la asistencia sanitaria. Ambas fueron rechazadas por la mayoría popular, aunque contaron con el voto favorable de toda la oposición.

En el caso del copago, la oposición comparte la idea de que el objetivo del ministerio era garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, generar ahorro y racionalizar el gasto, pero que se hizo sin un solo informe de impacto, ni a priori ni a posteriori. Para los grupos parece claro que hay ciudadanos que están dejando de tomar su medicación por cuestiones económicas, y por ello claman también contra el copago farmacéutico hospitalario.

De cara a la universalidad sanitaria se unen dos decisiones: la que se adoptó en virtud del RDL 16/2012 y la más reciente, que elimina la tarjeta sanitaria a los españoles que pasen fuera del país más de 90 días al año. Para la oposición, es clara la voluntad del Gobierno de limitar la cobertura sanitaria universal por motivos económicos.

Frente a estas opiniones compartidas, el grupo popular mantiene una misma posición, encuadrada en lo que el senador popular José Antonio Rubio calificó de “síndrome PSOE”, patología que presenta un cuadro clínico con tres síntomas: una “alteración cualitativa de la percepción” que impide reconocer la realidad; “una amnesia selectiva” que, por un lado “impide recordar el motivo por el que los españoles tienen que hacer grandes esfuerzos” y “el convencimiento, siempre equivocado, de estar en posesión de una especie de superioridad moral que hace creer que son los únicos que defienden los servicios públicos en este país”. El PP continúa asegurando que tanto el copago por renta como el paso a un sistema de aseguramiento han cumplido con la responsabilidad del Gobierno de impulsar las reformas necesarias para garantizar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.

A la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre la nueva Directiva del Tabaco, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado, en el marco de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la propuesta de España en torno a los cigarrillos electrónicos. La ley responde al acuerdo que se alcanzó el pasado mes de diciembre en el Consejo Interterritorial, y que prohibía su uso en los centros de las administraciones y entidades de derecho público; en los centros, servicios y establecimientos sanitarios; en los espacios al aire libre de los centros docentes o formativos (salvo los universitarios y los dedicados en exclusiva a la formación de adultos); en parques infantiles; transporte público, así como en transporte marítimo, ferroviario o aéreo.

La normativa aprobada la semana pasada también define el régimen de publicidad de estos dispositivos. De acuerdo con el texto, deberá hacerse exclusivamente en aquellos soportes y franjas horarias en los que no esté prohibida según la Ley del Tabaco, quedando prohibida su publicidad en la emisión de programas dirigidos a menores de 18 años y durante 15 minutos antes o después de la transmisión de los mismos.

Otras de las disposiciones acordadas supone una respuesta a quienes solicitan regular los cigarrillos electrónicos como medicamentos, y establece que en ningún caso se atribuirá a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina “una eficacia o indicaciones terapéuticas que no hayan sido específicamente reconocidas” por un organismo público competente; y en su publicidad no podrán aparecer menores de 18 años.