Igual que en Europa, la sostenibilidad del sistema sanitario está en el centro del debate político en Estados Unidos. Los mitos sobre el sistema sanitario estadounidense abundan, y el más frecuente es caracterizar al sistema como fundamentalmente privado. Sin embargo, los datos ponen de manifiesto que el 50 por ciento del gasto médico en este país es financiado directamente por el sector público.
Por otro lado, el sector del seguros privados en el campo de la Salud está tan fuertemente intervenido por el Gobierno estadounidense que el funcionamiento de estas empresas se asemeja al de otros proveedores de servicios muy regulados, como el gas, el agua o la luz. El peso e influencia del Estado, ya elevado en la financiación de los gastos dedicados a la Salud, ha sido una cuestión esencial durante la aprobación de la polémica reforma del presidente Barack Obama, el Obamacare, y promete ser uno de los temas más debatidos durante las próximas elecciones presidenciales en noviembre de este año.
Los tres programas públicos de cobertura sanitaria de mayor dimensión en Estados Unidos, Medicaid, Medicare y el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP) proporcionan asistencia médica a una mezcla de segmentos de la sociedad que alcanza al 40 por ciento de la población total del país. Medicaid, orientado principalmente a la población indigente, cubre a más de 49 millones de norteamericanos y financia el 16 por ciento de todo el gasto realizado en Sanidad anualmente. Según la ley, para beneficiarse de esta ayuda, una persona tiene que cumplir ciertos criterios económicos y pertenecer a una de las categorías incluidas: niños, padres con personas dependientes, mujeres embarazadas y discapacitados.
Con Medicaid, uno de cada cuatro niños en Estados Unidos está también cubierto, así como la mitad de los infectados por VIH en este país. La financiación de Medicaid es compartida entre el Gobierno y los cincuenta estados que componen el país. Las leyes del gobierno de central categóricamente excluyen a adultos no discapacitados sin dependientes a su cargo. Algunos estados, en cambio, extienden la cobertura a esta población, pero tienen que financiarla exclusivamente con sus fondos propios sin contar con el apoyo del Gobierno.
Medicare, por otro lado, es el seguro médico público para todas las personas mayores de 65 años y algunas categorías de discapacitados especiales, como enfermos renales crónicos. Más de 47 millones de norteamericanos se benefician de este programa, financiado directamente por el Gobierno, cuyo gasto representa el 20 por ciento de los costes sanitarios anuales en Estados Unidos. Aparte de las subvenciones proporcionadas por el Gobierno los beneficiarios tienen que participar con aportaciones particulares en forma de primas y franquicias. La mayoría de participantes complementan la cobertura con un seguro privado.
Por ultimo, en 1997 el Congreso de Estados Unidos creó el programa CHIP para dar cobertura sanitaria a niños en familias con ingresos superiores a los límites establecidos para su participación en Medicaid, pero sin medios suficientes para adquirir un seguro privado. En estos momentos, el programa cubre aproximadamente a seis millones de niños. Si se cuenta con Medicaid y CHIP, un tercio de los niños estadounidenses tienen cobertura pública.
El gasto público en Sanidad ha alcanzado tales proporciones que ha puesto en entredicho no solo la viabilidad a largo plazo de estos mismos programas, sino también la solvencia del propio país. Hoy el gasto público en Sanidad alcanza el 23 por ciento del presupuesto anual, y, si se considera el envejecimiento de la población, una proporción creciente accederá a programas públicos como Medicare. De este modo, los gastos en Medicare, Medicaid y CHIP junto al sistema público de pensiones son la principal causa de los déficits estimados en las próximas décadas.
Históricamente, los ingresos representan un 18 por ciento del PIB, mientras que los gastos igualan al 21 por ciento. Esta gestión deficitaria de las arcas públicas durante décadas ha generado una deuda equivalente al cien por cien del PIB. Según las estimaciones del Congressional Budget Office, la agencia gubernamental responsable de proveer al Congreso estadounidense con análisis objetivo y estimaciones del impacto a largo plazo de las decisiones presupuestarias, los déficits anuales durante esta próxima década representarán un 3 por ciento del PIB y serán todavía mayores a partir de 2019.
En el futuro, solo los programas de Sanidad y pensiones consumirán el 18,4 por ciento del PIB, o lo que es lo mismo, todos los ingresos anuales, lo que obligará al Gobierno a tomar prestado dinero para cualquier otro compromiso, como la defensa del país, servicios públicos básicos o el pago de intereses sobre deuda soberana.