Rememoran otras situaciones, como cuando fueron pioneras en aplicar la PPA

Tudela: “Lejos de reconocer la contribución en reducir el gasto, nos penalizan”

| 2010-11-12T17:35:00+01:00 h |

a.c.

Sevilla

Las farmacias andaluzas pueden pasar de haber acogido de forma pionera en toda España el sistema de prescripción por principio activo (PPA) a ser, de nuevo, los primeros en trabajar con un método nunca visto hasta ahora a nivel nacional: concursos públicos de fármacos con destino a oficinas de farmacia para dotar de exclusividad en la prescripción y dispensación a cambio de obtener precios para Andalucía más bajos al PVL nacional. En ambos casos, con un beneficiado, la Consejería de Sanidad, y bastantes perjudicados, desde los pacientes a las farmacias.

Casi una década después, la farmacia andaluza vuelve a revivir fantasmas pasados. Y es que, en lo que respecta a nuevas medidas para la contención del gasto, Andalucía se ha convertido en el banco de pruebas nacional. Unas pruebas que finalmente hacen de las oficinas de farmacia andaluzas el ‘conejillo de Indias’ que necesita toda probatura, lo que ha vuelto a provocar el enfado de este colectivo.

“En su día colaboramos en la puesta en marcha de la PPA, que ha acarreado que Andalucía tenga el gasto medio por receta más bajo de toda España, a pesar de que ya significó en su día un descenso implícito de nuestros márgenes. Pues bien, parece ser que, lejos de premiarse, hacer los deberes se penaliza”, resume como sentir general Javier Tudela, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.

Otros representantes del sector son todavía más contundentes. Así, Fernando Redondo, presidente de FEFE, denunció que “Andalucía siempre es pionera de atrocidades así”, aunque exculpó a las farmacias de tener responsabilidad directa en ello. Por su parte, Pilar Navajas, presidenta de Fenofar, no cree que la situación de las arcas autonómicas “sea tan delicada como para necesitar traspasar la barrera de lo legal”.

Mismo procedimiento

La coincidencia entre ambas medidas va más allá de la novedad que en su día supuso la PPA o la sorpresa que también ha causado la reciente intención de crear subastas públicos de fármacos para el canal Farmacia. En ambos casos, los procedimientos a seguir por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para dar forma a sus intenciones han seguido el mismo camino: la vía del concierto de prestaciones que les une con las oficinas de farmacia. En el caso de 2001, desde el Consejo Andaluz de Farmacéuticos (Cacof) no hubo el nivel de objeciones que sí muestran ahora a la reciente propuesta del SAS, ya que, en el caso de la PPA, con algunas matizaciones, sí la consideraban a priori una herramienta efectiva en la contención del gasto y ajustada a la legalidad.

El paso de los años ha deparado un gasto medio por receta en Andalucía en torno a los 2,5 euros inferior al resto de España. Sin embargo, un informe del Cacof de marzo de 2009 ya alertaba que esta política había “agotado su efecto de contención del gasto”.

A pesar que durante todos estos años las boticas andaluzas han trabajado con los denominados precios menores que se asocian a la PPA, lo que suponía a su vez un menor margen de beneficio, ha sido el reciente Real Decreto Ley 4/2010 el que ha propiciado que esta política “ahora sea más perjudicial para las farmacias”, tal y como indicaban desde el Cacof en base a un nuevo informe elaborado el pasado mes de septiembre (ver EG núm. 487).

En concreto, se aludía a la limitación de descuentos por volumen de compras o pronto pago que menciona la norma como principal daño causado, ya que, avisaban, eran “unas prácticas fundamentales para dotar de efectividad y viabilidad económica en estos locales a este tipo de política del contención del gasto”.