Resulta indigno e inmoral que el PSOE de Madrid jalee las algaradas y protestas contra el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, mientras Bernat Soria airea la cortina de humo de un pacto sanitario con el que lograr consensos generales para el sector. Resulta sangrante y vergonzoso que haya en la CAM unos mil sanitarios exentos de ejercer su trabajo por formar parte de un sindicato y que sus sueldos cuesten 20 millones de euros, mientras la profesión se desangra. Es inaudito que algunos de esos liberados que viven a costa de los demás proclamen su defensa más absoluta de la sanidad pública y cuestionen los métodos de Güemes para remozar el sistema. Y resulta grotesco, patético y esquizoide que dichos críticos de la gestión privada fueran los primeros en airear su enfado al enterarse de que el Gobierno, del PSOE, ha suprimido las entidades colaboradoras. Es decir, que les molesta perder el derecho a esa atención privada que tanto cuestionan.
Si alguien tiene dudas de que estas protestas están politizadas, sólo tiene que analizar las contradicciones y los silencios de los supuestos defensores de lo público. Nadie les oirá quejarse contra el Servicio Andaluz de Salud, pese a que fue, junto con el Servicio Catalán de la Salud (SCS), el primero en introducir la gestión privada en la sanidad pública. Nada dirán de las concesiones de varias comunidades socialistas hacia un grupo sanitario privado, Pascual, ni cuestionarán las tres acciones que pueden dejar herido de muerte el sistema público y que han partido del Gobierno del PSOE. Los que viven a costa de pregonar lo público para perpetuar sus privilegios han guardado silencio, por ejemplo, ante la suspensión de los anticipos a cuenta para la sanidad a las comunidades que ha decretado Pedro Solbes. ¿Cabe mayor estocada contra las arcas de una comunidad? Callan sobre las consecuencias que generará la desaparición de las entidades colaboradoras, pese a que nadie cree ya en su capacidad para absorber una población adicional de alrededor de un millón de personas, de las que 200.000 están en Madrid. Y miran para otro lado ante la llegada masiva de médicos foráneos de cualificación dudosa por culpa de la esperpéntica planificación de los recursos humanos que se ha producido en el SNS. No se les ha escuchado crítica al respecto, pese a que existen médicos iberoamericanos que ejercen en países como Francia y Alemania y que vienen únicamente a España a homologar su título para regresar a esos países, lo que evidencia que nuestro país es un coladero.
Nada dicen porque no son más que defensores de sí mismos, de una facción rancia del partido que les jalea y de los intereses que han montado en torno a sus puestos de trabajo. Resulta fácil identificarles: jamás dirán palabra alguna contra feudos, consejeros o ministros socialistas, y sólo se les oirán exabruptos contra autonomías del PP y, especialmente, Madrid. También se les conocerá por su retorcida relación con los laboratorios y por encuadrar a sus rivales dentro de la derecha extrema, por desmarcarse de su estrategia. También se les identifica porque son minoría y porque hasta el sector sanitario serio del PSOE reniega de ellos.
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
