La Consejería de Sanidad ha planteado al COFM estudiar esta opción con la Federación de Municipios Regional
Otra posibilidad abierta es que los consistorios acordasen entre ellos cómo reestructurar estos servicios
a.c.
Madrid
En el debate sobre la posibilidad de remunerar las guardias farmacéuticas en aquellos municipios rurales donde no son rentables ha surgido un nuevo protagonista: los ayuntamientos locales. Así, en la Comunidad de Madrid, ha sido su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, quien ha planteado la posibilidad de que sean estas corporaciones públicas las que asuman la remuneración de estos servicios en sus localidades, en detrimento de la propia consejería. En concreto, Fernández-Lasquetty ha prometido al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid una próxima reunión con la Federación de Municipios de la Región para trabajar en esta posibilidad.
La propuesta de la consejería ha sido confirmada por el presidente del colegio madrileño, Alberto García Romero. “Una vez que se nos planteó esta posibilidad, solicitamos de forma oficial mantener esta reunión, que todavía no tiene fecha fijada”, confirmó a EG. Sin embargo, desde la Federación de Municipios de la Región se aseguró “no tener aún constancia alguna” de tal petición ni de la hipotética reunión.
La negociación de partida pasaría, según indican desde el colegio madrileño, “por remunerar, si no todas, al menos las guardias en zonas rurales”. Si dicha opción fuese descartada, se solicitaría otorgar potestad a la Federación de Municipios de la Región para reestructurar estos servicios mediante acuerdos entre los consistorios.
¿Tienen competencias?
Las dudas a esta propuesta pasan por la capacidad legal que tendrían los consistorios para sufragar estos costes, ya que todo lo relacionado con la prestación de estos servicios, desde su regulación, supervisión o todo cambio al respecto, es competencia directa de la consejería. Por ello, una posible remuneración de estos servicios sólo podría ser asumida legalmente por este departamento.
Cuestionado sobre ello, García Romero consideró que “los ayuntamientos son poderes públicos con capacidad legal para gestionar sus partidas presupuestarias en lo que consideren oportuno”.
