La ‘relajación’ en la implantación de nuevos algoritmos en la Comunidad Valenciana ha durado poco más de dos meses. El tiempo justo para que la Consejería de Sanidad haya incorporado todas las mejoras que le fueron solicitadas antes de enero de 2014: el perfeccionamiento de la herramienta; una fase de consulta y alegaciones y el pilotaje en un centro de salud de cada departamento previo a la implantación. Todas ellas ya se encuentran “en producción”, según la consejería de Sanidad, es decir, están siendo utilizadas por los profesionales sanitarios. La primera, en los algoritmos ya implantados (artrosis, dislipemia y patología digestiva); las dos siguientes, en otros tres que se avecinan: antidepresivos, antipsicóticos y pregabalina.
La consejería ha remitido información de estos algoritmos a la industria y a las Comisiones de Uso Racional del Medicamento de cada departamento de Salud para sus alegaciones. Una vez revisadas y consensuados posibles cambios en el Comité de Posicionamiento Terapéutico (Capote) se iniciará pilotajes en cada uno de los departamentos que está participando voluntariamente, como paso previo a un despliegue progresivo.
El hecho de que los nuevos algoritmos aún no hayan sido difundidos entre los facultativos no ha impedido que algunos hayan puesto el grito en el cielo. “Consideramos un absoluto disparate seguir insistiendo en una iniciativa mal llevada a la práctica, que no ha conseguido, por aislada, reducir el gasto farmacéutico global y sí molestar y desanimar apreciablemente a los médicos de familia”, ha lamentado la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Esta organización decidió desvincularse de Capote “por la falta de medidas que completasen e hiciesen coherentes las iniciativas de racionalización de la prescripción farmacéutica” del Ejecutivo valenciano y ya entonces solicitó la retirada de todos los algoritmos.
Al margen de estas críticas, parte de las alegaciones enviadas a la Generalitat en relación a los algoritmos de antipsicóticos (el único documento al que ha tenido acceso este periódico) siguen girando en torno a los peligros que puede implicar su utilización. En este sentido, Farmaindustria insiste en que estos sistemas han de “respetar la libertad de prescripción del médico” y tener un “carácter orientativo”, de forma que “faliciten y no dificulten” su actuación.
La patronal señala también que “en ningún caso deben establecer restricciones o reservas singulares a la prescripción”, ya que es competencia del ministerio, e insta a “respetar el actual marco legal de aplicación” y que no se apliquen los algoritmos en los tratamientos de continuidad en pacientes que están bien tratados. En este supuesto, recuerda, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos “permite la prescripción por denominación comercial”.
Las alegaciones de la industria innovadora incluyen otros dos ‘recordatorios’ en base a la Ley de Garantías, y más concretamente a la última revisión a la que fue sometida. En este sentido, Farmaindustria recuerda que, desde julio de 2013, las comunidades “están habilitadas para incluir nuevas prestaciones en sus carteras de servicios pero no así eliminar, dificultar o impedir el acceso a las prestaciones ya incluidas”.
En segundo lugar, y puesto que el documento de la Generalitat dedica uno de sus apartados al posicionamiento terapéutico, la patronal recuerda que, según la Ley, la posición de un medicamento en la prestación farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas tendrán “una base científico-técnica común” para todo el SNS y se realizarán en el marco de los informes de posicionamiento de la Aemps. Dichos informes, concluye Farmaindustria, “tendrán carácter vinculante, de lo que se deduce que la competencia para posicionar un medicamento así como para declarar las alternativas terapéuticas corresponde al Estado”.
No solo los algoritmos de decisión terapéutica corporativa han dado un nuevo paso en la Comunidad Valenciana en los últimos días. La consejería de Sanidad también ha dejado constancia de los avances producidos en el proceso judicial abierto en torno a las instrucciones de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) de 2 de septiembre de 2013, sobre los protocolos de prescripción, reparación, transporte, recepción y administración de jeringas precargadas de metotrexato subcutáneo, antipsicóticos parenterales y extractos hiposensibilizantes, que en octubre fueron objeto de un recurso contencioso-administrativo conjunto por parte de los colegios oficiales de farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia.
Así, el director general de Farmacia y Productos Sanitarios, José Luís Trillo, ya ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la documentación que se le solicitó a fin de verificar si la adopción de esta medida se corresponde a la legalidad, tanto en el fondo como en la forma. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana recogió en su edición del pasado 26 de febrero la resolución de la dirección general de Farmacia, que también informa de la notificación a todos los interesados en el expediente, de cara a que se puedan personar como interesados en el plazo de nueve días.
