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En “menos de dos meses” o “pocas semanas” las comunidades autónomas podrán acudir a una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para obtener liquidez que les permita afrontar el pago pendiente a proveedores. Es una de las medidas principales acordadas en el seno del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que no ha concretado plazos.
Eso sí, la iniciativa no es nueva. De hecho, retoma la propuesta de la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, que en la anterior reunión del CPFF en julio de 2011, ya acordó con los consejeros que pondría a disposición de las regiones una herramienta de este tipo para afrontar la mitad de la deuda autonómica, aunque no ha llegado a materializarse, y recoge también una de las ideas planteadas durante la campaña electoral por la ex ministra socialista Leire Pajín para lanzar un balón de oxígeno a las CC. AA.
En una entrevista radiofónica, Montoro ha explicado su intención de agilizar los trámites de esta línea de préstamos para conseguir que los proveedores puedan cobrar “antes del verano”.
Anticipos a cuenta
Por otra parte, el consejo respaldó la ampliación a diez años del plazo que tienen las comunidades para devolver al estado la cantidad correspondiente de anticipos, un total de 31.000 millones de euros correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009. Además, se confirmó el adelanto del gobierno a las autonomías de la liquidación del ejercicio de 2010, un total de 8.000 millones que recibirán antes de julio como fruto de la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica, que, por otra parte varios consejeros propusieron reformar durante reunión. Montoro aceptó la idea de crear un grupo de trabajo que estudie esta posibilidad.
Algunas comunidades, como la valenciana, han hecho ya sus números y esperan destinar los 420 millones que les corresponden de esta liquidación al pago a proveedores, tal y como ha explicado el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Mientras, Cantabria también confía en saldar sus deudas, entre ellas la farmacéutica, según su consejera de Economía, Cristina Mazas, acudiendo a la línea de crédito, con los 33 millones que le corresponden en la liquidación de 2010 y desprendiéndose solo de la mitad de los 97 millones que habrían de pagar este año en la devolución de los anticipos de 2008 y 2009, por citar un ejemplo.
Control “hacendístico”
En cualquier caso, la inyección de liquidez a las comunidades autónomas, que en la futura ley de estabilidad presupuestaria podrían ser sancionadas si incumplen los objetivos de déficit o intervenidas “hacendísticamente”, según el ministro, no es un regalo. Montoro matiza que las regiones que acudan a estas medidas tendrán que presentar a cambio un plan de viabilidad presupuestaria y cumplir con el compromiso de reducir sus entes públicos, tal y como se acordó en reuniones anteriores del CPFF (ver GM nº 404). Una propuesta que enlaza, aunque aligera, con la idea inicial del ministro de Economía, Luis de Guindos, de establecer un control central de los presupuestos autonómicos (ver GM nº 404).
Por otra parte, en la misma semana, Montoro anunció la intención del gobierno de modificar la Ley de Transparencia para exigir responsabilidades penales a los gestores que superen los límites presupuestarios o falseen la contabilidad en sus cuentas.