c. r. Madrid | viernes, 06 de enero de 2012 h |

Con un déficit público que cerró 2011 muy por encima del compromiso pactado con Europa, las comunidades —en buena medida responsables de ese incremento— inician otro año de recortes en el gasto público, y posiblemente a la que sigue siendo su mayor partida: la Sanidad. Dos ya se han puesto manos a la obra. El año empieza con las subastas andaluzas y el euro por receta catalán, dos propuestas aparentemente opuestas, pero que sin embargo mantienen varios puntos en común: ambas intentan pulir a su manera los gastos farmacéuticos, ambas generan dudas legales sobre posible invasión de competencias y ambas pueden resultar igual de nocivas tanto para la cohesión general del SNS y para los derechos de los ciudadanos en particular.

El punto de partida en ambos casos es el mismo: frenar el gasto farmacéutico y sufragar, con los beneficios que se obtengan, unos gastos que hoy son inasumibles por problemas de liquidez de las consejerías (en el caso catalán, la implantación de la e-receta y la historia clínica electrónica; en el caso andaluz, ayudar a las farmacias rurales, entre otras cosas).

No hay más similitudes entre ellas, a juicio de la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, que de hecho ha convertido el euro por receta de Boi Ruiz en uno de los argumentos a favor de sus subastas. Ante el arco parlamentario andaluz, la consejera aseguró a finales de diciembre que las licitaciones se llevan a cabo para “explorar los márgenes de la industria” sin hacer caer tasas sobre los ciudadanos. “Entre apurar estos márgenes de las empresas o castigar al paciente con un tique moderador hay una clara alternativa”, dijo Montero.

Diferencias entre usuarios

Pero, según como se mire, esa diferencia puede no ser tal. Finalmente, tanto los pacientes andaluces como los catalanes pagarán comparativamente más que el resto de los españoles. Los catalanes, directamente, a pesar de que se incluyan finalmente las exenciones en función de la renta. Los andaluces, de manera indirecta.

Las subastas andaluzas han irrumpido de refilón en el debate del copago farmacéutico, que a fecha de hoy supone el 40 por ciento del precio de los fármacos con receta para los trabajadores activos. Es cierto que, con la fórmula ideada por la Junta de Andalucía, los usuarios pagarán la misma cantidad en euros que el resto de los españoles (salvando a los catalanes), pero porcentualmente estarán pagando más.

A la espera de que el Boletín Oficial de Andalucía publique la primera licitación, un ejemplo hipotético ayudará a comprender esta situación: si una compañía farmacéutica gana un concurso al incorporar un descuento del 25 por ciento en el PVL en un medicamento con un PVP-IVA de 100 euros, su margen bajaría de los 64,06 euros a los 48,04. La diferencia, esos 16,02 euros, es lo que el Servicio Andaluz de Salud ahorrará con esta subasta. Para las arcas públicas esto supone que su contribución en el coste total del fármaco sería un 12,71 por ciento menos de lo que pagaba antes de las licitaciones. Para los pacientes, en cambio, su porcentaje no sería ya del 40 por ciento (como en el resto de España), sino del 47,63, es decir, un 19,07 por ciento más.

No son los únicos problemas de equidad que presentan las subastas. A falta de terminar un estudio “con lupa”, el grupo popular andaluz tiene serias dudas de que el decreto no vaya a afectar a las farmacias, como asegura la Junta, ni a la industria. En el caso de las primeras, si bien es cierto que sus márgenes quedan intocables, perderán las bonificaciones que ahora tienen en los subgrupos que se saquen a concurso, ya que ahora pasarán a la Administración. En el caso de la industria, las licitaciones favorecerán a los grandes laboratorios. “Los perjudicados serán los pequeños y medianos, que se verán obligados a cerrar sus puertas”, asegura Ana María Corredera, portavoz de Sanidad del grupo popular andaluz.

Euro por definir

Finalmente, el PSOE aprobó las subastas con el apoyo del grupo IU-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y la abstención del PP. En Cataluña todavía está por ver con qué apoyos cuenta Artur Mas para sacar adelante su Ley de Acompañamiento, en la que viene incluida la tasa por receta. Por el momento, tanto el PP como Esquerra Republicana han condicionado el apoyo a unas exenciones ‘a priori’ para ciertos grupos de población: pensionistas, rentas bajas y enfermos crónicos.

Está previsto que el consejero de Salud, Boi Ruiz, comparezca a finales de mes en la Comisión de Sanidad del Parlamento regional para explicar los detalles de este nuevo impuesto, así como su fecha de inicio. Los límites propuestos por los grupos de la oposición parece que finalmente podrían establecerse en los parados y los enfermos crónicos de rentas bajas, lo que limitaría más la tasa a la renta, en línea con la modificación del copago farmacéutico que se viene pidiendo desde varios foros.

En todo caso, y teniendo en cuenta que el límite establecido inicialmente para la tasa estará en los 61 euros anuales, este cambio en los planes del Gobierno catalán afectará a la previsión de beneficios que se pensaban obtener, y que habían sido cifrados en 102 millones de euros.

Aunque aparentemente contradictorias, ambas medidas generan dudas legales y pueden ser nocivas para la cohesión

Los pacientes catalanes directamente, y los andaluces de manera indirecta, pagarán más que el resto